Los colegios concertados suman el 28% de la oferta educativa estatal, tanto en Primaria como en Secundaria

Educación: cada plaza de la concertada ahorra al contribuyente español 3.000 euros al mes

Familias y profesores se movilizan en toda España por la asfixia de la reforma educativa a los colegios de iniciativa social, privados sostenidos por fondos públicos

Educación: cada plaza de la concertada ahorra al contribuyente español 3.000 euros al mes

Dentro de Europa y en comparación con los países de nuestro entorno, España ocupa el cuarto lugar en cuanto número de colegios concertado- -privados sostenidos por fondos públicos), que suman el 28% de la oferta educativa estatal, tanto en Primaria como en Secundaria.

El restante 3% de los alumnos españoles estudia en un centro privado.

Los concertados surgieron a mediados de los años 80, cuando tras la dictadura el gobierno socialista quería universalizar la educación pública y gratuita, pero no tenía los colegios públicos necesarios para ello ni los fondos para construirlos.

Así que Felipe González tiró de centros privados, a los que pagaría los salarios de los docentes y otros gastos generales a cambio de que se integraran en el sistema público.

Colegios públicos y concertados forman parte de la misma red hoy en día, comparten derechos y deberes al menos en teoría.

Tres décadas después, después, aglutina a 2 millones de alumnos y 130.000 profesores repartidos por 3.500 centros.

Como se vio perfectamente en las manifestaciones contra la ‘Ley Celaá’ que este 22 de noviembre colapsaron Madrid y otras 30 ciudades españolas, no el concertada una escuela clasista y para privilegiados.

Nada de élites en el asfalto por la marea naranja creada por la comunidad educativa de la escuela concertada a contrarreloj desde comienzo de curso bajo el nombre de Más Plurales.

Ventanillas bajadas y banderitas «Stop ley Celaá» al aire, que el tiempo acompaña. Poco insulto, mucho grito de «libertad» y abrumadora clase media, de la que está arruinado el el Gobierno Sánchez con su incompetencia para hacer frente al coronavirus y su sectarismo ramplón.

Según datos de la Plataforma Concertados, el coste anual de cada alumno que acude a la educación pública es de 6.000 euros, frente a los 3.000 euros que supone un alumno que acuda a centros concertados.

Un estudio realizado por la asociación de profesores de PLIS Educación, basándose en datos oficiales de 2016, concluye que el coste de una plaza en la enseñanza pública ascendía en España a 6.379 euros por alumno mientras una plaza en la concertada tuvo un coste de 3.249 euros por alumno, lo que supone un 50.93% del coste de una plaza pública.

Desde Más Plurales anuncian que pedirán el amparo de la Unión Europea «en tiempo y forma» por ver atacado el artículo 27 de la Carta Magna, hacían un llamamiento para que los grupos políticos «interpongan recursos de inscontitucionalidad» contra la ley Celaá y confían en que los Gobiernos autonómicos aminoren «al máximo los efectos de la aplicación de esta norma». Recogieron el guante al instante tanto PP, como Vox y Ciudadanos.

Los populares, como parte de la caravana. Por un lado, el presidente Pablo Casado, certificaba que pisará el acelerador en los tribunales, a la espera de habitar la Moncloa:

«Esta ley durará el tiempo que tardemos en llegar al Gobierno».

Por otro, la presidenta madrileña Isabel Díaz-Ayuso, como copiloto del alcalde Almeida, anunciaba una ley en la región «para blindar la libertad de elección de las familias».

Por la Castellana también se dejaron caer Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, así como Begoña Villacís que, en nombre de Ciudadanos, remarcó que «el PSOE no puede permitirse suplantar a los padres».

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