(PD/Agencias).- Los delegados de los casi 200 países en la octava Conferencia de las Partes (COP8) de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación han aprobado su plan estratégico para los próximos diez años, aunque no han alcanzado un acuerdo presupuestario.
La COP, que se inauguró el pasado 3 de septiembre y que se prolongó durante toda la madrugada, concluyó sobre las 07.30 horas de hoy sin poder acordar el incremento de su presupuesto inicial en un 5%, debido a la postura de Japón.
La delegación de este país, que inicialmente había avalado dicho aumento, finalmente dijo que, debido al vacío en su Gobierno propiciado por la dimisión de su primer ministro, no estaba autorizada a elevar su participación económica.
Por ello, la Conferencia decidió la celebración en Nueva York de un pleno extraordinario -cuestión que ocurre por primera vez- en las próximas semanas, en el que únicamente se tratará este asunto.
Decepción en España
El director general de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, José Luis Herranz, consideró hoy «bastante triste» que la postura de Japón haya impedido aprobar el presupuesto de la Convención de la ONU sobre Desertificación, aunque confió en que se resuelva de «manera sencilla» en próximas semanas.
Herranz, miembro de la delegación española en la octava Conferencia de las Partes (COP8) calificó de «lamentable» que un país haya tenido la responsabilidad de no aceptar una propuesta de incremento del presupuesto consensuada por 190 países, una situación que «supongo que para ellos tampoco debe ser muy grata».
Una amenaza real y urgente
En juego está el (árido) futuro del planeta: la degradación de los suelos y el avance de los desiertos amenaza ya a 1.200 millones de personas en todo el mundo y a un tercio de la superficie terrestre. En España, y según datos del Ministerio de Medio Ambiente, la degradación del suelo amenaza al 35%, sobre todo en las islas Canarias y sureste de la península (Murcia, Alicante y Almería). Una degradación, no obstante, que no siempre es culpa del cambio climático o la sequía.
Desde el primer día, el objetivo de las reuniones en Madrid era establecer un plan de acción concreto para frenar la desertificación. O como dijo la ministra Narbona, pasar del «conocimiento a la acción».
De esta manera, el éxito de la COP 8 pasaba por establecer «políticas concretas» y, sobre todo, incrementar el dinero que destinarán los países a combatir la desertización en los próximos años.
Las ONG critican la pasividad
El descontento por el desarrollo de las negociaciones es patente en las casi 70 ONG y grupos ecologistas que han asistido a la COP 8. «Las ONG no queremos ser cómplices de esta indiferencia frente a la desertificación de nuestro planeta», aseguran en un comunicado conjunto donde incluso se niegan «a seguir siendo partícipes de convenciones y acuerdos de papel que suponen inversiones ingentes y resultados inexistentes».
El enfado de las ONG no es gratuito, ya que a pesar de que en las reuniones de Naciones Unidas se habla siempre de diálogo y participación de la sociedad civil, en el único día donde las ONG dirigieron el debate la presencia de delegados de los 191 países participantes fue anecdótica.
Ecologistas en Acción habla de «fracaso»
Ecologistas en Acción considera que la Cumbre contra la Desertificación «ha fracasado» ya que ha concluido sin la aprobación del presupuesto de la Convención ni el presupuesto del Plan Estratégico y asegura que este bloqueo se debe a una decisión política y no a motivos económicos.
En un comunicado, la asociación critica «la oposición rotunda de Japón y Estados Unidos» y espera que los gobiernos de estos dos países expliquen públicamente sus razones «para no querer que se frene el proceso de desertificación».
A su juicio, «estas conferencias deberían replantearse, recortando drásticamente los días de reunión», ya que esto supondría «el ahorro de muchos recursos económicos que podría dedicarse a frenar los procesos de desertificación en los países más afectados».
También propone no obligar a la unanimidad total para la toma de decisiones y dotar al Convenio de mecanismos que permitan hacer cumplir las decisiones adoptadas e incluso establecer sanciones económicas a los países que las incumplan, como es el caso de otros organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC).
