(PD/Agencias).- Un total de 101 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año son las que separan a España del cumplimiento del Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático. En concreto, la cuota española permitida para 2007 apenas rebasa los 170 millones de toneladas de emisiones.
En cualquier caso, España realizará la mayor parte del esfuerzo para cumplir el Protocolo de Kioto sobre reducción de gases contaminantes a partir del 2008, según figura en el plan de asignación de derechos de emisión del Gobierno. En la actualidad, se mantiene el nivel de emisiones de CO2 en la cota media registrada en el periodo 2000-2002, con lo que el gran reto de alcanzar los objetivos de Kioto queda para más adelante.
El Gobierno cree, sin embargo, haber encontrado la fórmula para reducir esa cantidad entre el 2008 y 2012, cuando finaliza el periodo de aplicación del Protocolo.
En cifras
Según los cálculos del Ejecutivo, 26 millones se reducirán gracias a la aplicación de la directiva europea de derechos de emisión, y 31,8 millones de toneladas se rebajarán acudiendo a los mecanismos de flexibilidad previstos en el propio Protocolo.
Esos mecanismos permiten por ejemplo inversiones en tecnologías limpias en terceros países y descontar en el país de origen de esas inversiones las emisiones de dióxido de carbono que se dejan de emitir a la atmósfera.
Además, el Ejecutivo calcula que los sumideros (el papel que desempeñan los bosques para captar el carbono) contribuirán a reducir otras 5,8 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año.
Restarían por lo tanto casi 37 millones de toneladas, una cifra que el Gobierno aspira a reducir gracias a la aplicación de medidas domésticas adicionales.
De esta cifra (37 millones de toneladas de CO2), el Gobierno considera que ya se ha conseguido reducir 10,6 millones de toneladas, y que el Plan de Medidas Urgentes que aprobó el Gobierno servirá para reducir otros 12 millones de toneladas.
Para cuadrar la fórmula, restarían un total de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono por reducir, y para ello el Gobierno quiere involucrar a las comunidades autónomas.
Este jueves, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, valoró el compromiso que todas las comunidades han mostrado frente al cambio climático y se mostró convencida de que la Estrategia Española de Lucha contra el Cambio Climático y Energía Limpia y los planes autonómicos servirán para que España cumpla sus compromisos internacionales.
El Consejo Nacional del Clima aprobó, sin ningún voto en contra pero con la abstención de los grupos ecologistas, esa Estrategia, que será aprobada definitivamente por el Consejo de Ministros previsiblemente la próxima semana.
Respaldo autonómico
Asimismo, las comunidades autónomas han respaldado la política del Gobierno para combatir el cambio climático, plasmada en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, un documento criticado sin embargo por las organizaciones ecologistas por considerarlo «insuficiente y poco ambicioso».
El Consejo Nacional del Clima aprobó la Estrategia, que abarca hasta 2020, sin ningún voto en contra pero con la abstención de los ecologistas, y el documento será aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros previsiblemente la próxima semana.
El Consejo, un órgano que reúne a las administraciones central, autonómica y local, a las organizaciones ecologistas, a sindicatos y a empresarios, debatió además el Plan de Medidas Urgentes que el Gobierno ha aprobado para luchar contra el calentamiento global.
Este plan, incluido en la Estrategia pero que centra las actuaciones en el quinquenio 2008-2012, incluye un paquete de ochenta actuaciones y medidas que requerirán una inversión que ronda los 2.500 millones de euros.
Las principales organizaciones ecologistas, representadas en el Consejo, ratificaron su intención de no bloquear esta Estrategia de lucha contra el Cambio Climático, pero aseguraron que es «claramente insuficiente».
Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Estrategia Española configura el marco que garantiza el cumplimiento de los compromisos que adquirió España al ratificar el Protocolo de Kioto.
Dos centenares de medidas
La Estrategia recoge 198 medidas y 75 indicadores para su seguimiento, y entre las medidas destacan las orientadas a mitigar el calentamiento y las encaminadas a adaptarse al cambio climático para minimizar sus impactos.
El documento contempla medidas en el sector del transporte, como una norma básica de movilidad sostenible en las ciudades, y residencial, para mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Respecto a la energía limpia, el Gobierno asume en la Estrategia los objetivos que se ha fijado la UE de conseguir que la producción a partir de fuentes renovables alcance el 20 por ciento del total en el año 2020.
El Plan de Medidas Urgentes incluido en la Estrategia afecta a siete sectores, entre ellos también el del transporte, ya que incluye, además de un nuevo impuesto de matriculación según la contaminación del vehículo, un porcentaje mínimo de utilización de biocarburantes.
En este sector, el Plan apuesta por reforzar el transporte de mercancías por ferrocarril, y por un parque móvil del Estado que sirva de ejemplo e incluya un fuerte incremento de biocarburantes en la flota y criterios ecológicos a la hora de contratar nuevos coches.
