(PD).- Pocas veces un hotel ha desatado tanta pasión política y tantos intereses poco claros. Hasta el Consejo de Ministros está involucrado, con un polémico indulto a un alcalde socialista.
La organización ecologista Greenpeace España, que dirige Juan López de Uralde, ha remitido una carta al presidente andaluz, Manuel Chaves, en la que denuncia que la Junta de Andalucía ha permitido finalmente la construcción de un hotel de 22 plantas y 411 habitaciones en el paraje del parque natural de Cabo de Gata-Nijar conocido como El Algarrobico (Carboneras, Almería), y solicita su demolición antes del 9-M, fecha de las elecciones.
De no ser así, tras la escisión del partido Los Verdes, que acudió a los últimos comicios coaligado con los socialistas, Chaves perdería definitivamente el voto ecologista andaluz y con él posiblemente la mayoría absoluta que algunas encuestas le quitan ya.
En su misiva, López de Uralde recuerda que «en noviembre de 2005 Greenpeace realizó la primera acción de protesta pacífica contra el hotel ilegal de la playa de El Algarrobico construido por la empresa Azata invadiendo la franja de litoral que protege la Ley de Costas». Aunque la Junta de Andalucía aseguró que compraría los terrenos y demolería el hotel y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, inició el proceso de expropiación de la finca, la Junta «pretende ahora legalizarlo» porque según Greenpeace «va a modificar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque cambiando la calificación del suelo donde se asienta el hotel de área natural de interés general (donde no está permitida ningún tipo de construcción) a núcleo habitado preexistente. De llevarse a cabo la modificación, el hotel, símbolo de la destrucción practicada en el litoral andaluz, pasaría a ser legal».
Por ello, López de Uralde pide a Chaves «que no permita la modificación del PORN para legalizar el hotel del Algarrobico» y le demanda «que demuela el hotel antes de las próximas elecciones del 9 de marzo».
La soterrada pugna a propósito del Algarrobico entre el presidente Chaves y la ministra Narbona, que fue diputada por Almería, ha llegado incluso al Consejo de Ministros.
El principal impulsor del hotel es el alcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, que fue condenado por delito electoral por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería el 1 de febrero de 2005, junto a su hermana, Rosario Fernández, entonces concejal. Sin embargo, ante la sorpresa de todos los partidos políticos andaluces, el Consejo de Ministros indultó al alcalde y a su hermana «a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años» y basándose en los informes del Ministerio Fiscal y el tribunal sentenciador.
Gracias al indulto, Fernández no cumplió la pena que le condenaba a seis meses de inhabilitación especial para cargo público, y tras la notoriedad nacional alcanzada y una fuerte campaña de prensa con abundante publicidad institucional en los medios locales, pudo presentarse a las elecciones y ganar de nuevo el pasado mes de mayo.
No obstante, el fallo de la Audiencia Provincial dejó «subsistentes» los demás pronunciamientos de la sentencia, entre ellos la condena al alcalde de una pena de multa de 28 días con una cuota diaria de seis euros y otra de 3 días con cuota de seis euros. Una minucia, si se compara con la inversión en el Hotel del Algarrobico: 28,7 millones de euros, con una subvención del Ministerio de Economía de 2,8 millones como «incentivos regionales».
Por eso la promotora Azata rechazó los 2,3 millones que la Consejería de Medio Ambiente andaluza le ofrecía como «retracto» y sigue en los tribunales denunciando a Chaves. Una auténtica «patata caliente» para el que gane las elecciones andaluzas del 9-M.
