(PD/EFE).- La Comisión Europea ha propuesto una normativa que pretende abrir la vía a las sanciones contra los países de la Unión Europea (UE) que incumplan la normativa comunitaria que obliga a penalizar la contaminación marítima.
La propuesta de Directiva permitirá a Bruselas iniciar procedimientos de infracción contra los estados miembros que no apliquen esa legislación o que lo hagan de manera incorrecta, algo que no se podía hacer hasta ahora, explicaron fuentes comunitarias.
La nueva normativa, que define las actuaciones constitutivas de delito, reemplazará una decisión-marco y una directiva, ambas de 2005, para castigar a los responsables de la contaminación causada por buques.
Fuentes comunitarias explicaron que la propuesta no se traducirá en nuevas leyes nacionales, puesto que la mayoría de los países ya ha desarrollado en los últimos años normas para adecuarse a esas disposiciones.
España, por ejemplo, ya ha notificado a Bruselas las medidas adoptadas, que ahora la Comisión Europea (CE) estudiará para determinar si se ajustan a la legislación europea.
Entre otros elementos, la directiva lleva la responsabilidad por vertidos ilegales y negligencia grave a toda la cadena, desde el armador al propietario del barco.
Las infracciones previstas en la nueva legislación «deberán ser consideradas infracciones penales y castigadas en consecuencia», según un comunicado de la Comisión.
Las mismas fuentes precisaron que la normativa no armonizará las penas a aplicar en los países, dado que según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE la determinación del tipo y nivel de sanciones penales no es competencia comunitaria.
Aunque Bruselas opina que la existencia de distintos niveles de sanciones entre Estados puede crear «refugios» para los infractores de las normas, la Comisión debe respetar la jurisprudencia, según el comunicado.
La CE precisó, no obstante, que «la aproximación de los niveles de sanción es una cuestión importante, por lo que estudiará en su momento la posibilidad y necesidad de una propuesta legislativa».
Tras el accidente del «Erika» en 1999, frente a las costas francesas, y, sobre todo, del «Prestige» en 2002 frente a las gallegas, los Estados miembros de la UE comenzaron a elaborar una normativa para reforzar la lucha contra la contaminación marítima.
