(PD).- Sin consulta previa, a posteriori y por la vía rápida, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, convocó ayer a los consejeros del área de las comunidades autónomas para informarles del decreto-ley de medidas «excepcionales y urgentes», aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, que permitirá prolongar una tubería que lleva agua del río Ebro en Tarragona hasta Abrera, en Barcelona
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Pese a que el Gobierno Zapatero renunció a una conexión hídrica entre el bajo Ebro y el área metropolitana de Barcelona en 2005 para ahora recuperarla, la titular de Medio Ambiente negó ayer que este cambio de postura vaya a suponer una modificación de la política de agua desarrollada en los últimos cuatro años por su antecesora, Cristina Narbona.
Así, con un perfil continuista, Espinosa se preocupó por advertir a los asistentes a la reunión que el Gobierno «mantiene la derogación del trasvase del Ebro» (aunque ahora hable de «conducción puntual y temporal» de agua de este caudal a Barcelona), por lo que descartó cualquier debate sobre el proyecto diseñado por el PP en 2001, como reclaman Comunidad Valenciana y Murcia.
No obstante, Espinosa sí adelantó que se realizarán «variaciones» en la heredera política hídrica del Gobierno para «reestudiar determinadas demandas» de agua. «Habrá que hacer algún reajuste de posibles aportaciones», dijo la ministra, ante eventuales «distorsiones» en el requerimiento de este bien, motivadas por «el aumento de la población, sobre todo, inmigrante, el cambio climático y modificaciones de planificación urbanística» por parte de algunas corporaciones municipales. «Cualquier persona que salga por las radiales de Madrid ve hoy más edificios que hace cuatro años», añadió.
Los consejeros de las comunidades del PP, que no pusieron ninguna traba en la reunión a que se solucione el problema de emergencia que tiene Cataluña (más de 5 millones de posibles afectados), reclamaron al Gobierno que dispense el mimo trato al resto de regiones y actúe ante «otras respuestas que quedan pendientes». Así, instaron a la recuperación de inversiones y necesidades incluidas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el Ejecutivo de Aznar.
En concreto, a la salida del encuentro, el consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, afirmó que «los problemas del agua no se resuelven con esos pactos», en alusión a los mantenidos por Zapatero con Montilla y antes con Maragall, «sino que se resuelven con todas las comunidades autónomas y con todos los usuarios».
Por su parte, el responsable de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, reprochó a Espinosa que pretenda confundir a la opinión pública al señalar que la operación de Barcelona «ya se llevó a cabo en la anterior legislatura en Valencia, Alicante y Murcia», así como en las poblaciones de Bilbao y Benidorm en los años 90.
Según Cerdá, la próxima actuación Tarragona-Abrera difiere de otras anteriores dirigidas a su comunidad, donde, explicó, «ya había una infraestructura y se utilizaba». En el caso de Barcelona, «estamos ante la construcción de un trasvase para poder llevar el agua».
Cadena de mociones
Entretanto, el PP de Murcia anunció que va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la comunidad con la finalidad de exigir la ejecución completa del trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas. «Exigimos igualdad y solidaridad y pedimos una explicación coherente de por qué se está negando a esta comunidad un derecho que se otorga a otra», informó el partido en un comunicado.
