(Juan Sánchez-Peñuela/PD).- La M-501 es una de las carreteras más peligrosas de la Comunidad de Madrid. Se convierte en una vía de doble sentido en Brunete y, hasta la provincia de Ávila, presenta un trazado sinuoso, con carriles estrechos y firme en mal estado.
Las anunciadas obras de la Comunidad de Madrid para convertirla en una autovía hasta San Martín de Valdeiglesias han dado lugar a una agria polémica en los últimos 3 años. Ayer la discusión terminó en trifulca ante la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.
En 2005, la entonces consejera de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid, María Dolores de Cospedal (quién la ha visto y quién la ve), lanzó la iniciativa sin realizar evaluación de impacto ambiental.
El atajo era muy sencillo: declarar la carretera de “interés público”, para de esa forma agilizar el proceso y prescindir de la citada evaluación. Con el paso de los años se ha comprobado que fue un error, pues las obras se han dilatado, primero por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y, por último, por orden de la Comisión Europea.
Parecía que el gobierno de Aguirre había llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para realizar una evaluación de impacto ambiental que desatascase las obras. El pacto se ha roto y ayer los alcaldes de la zona acudieron a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.
Su objetivo era presentar un documento de protesta, firmado por 52 alcaldes, pero allí se encontraron con Ecologistas en Acción, comandados por Teo Oberhuber. Como era de esperar, terminaron a gritos.
El asunto es más complicado de lo que parece. Por un parte, es cierto que la carretera es necesaria, para reducir la siniestralidad y los atascos de fin de semana.
También lo es que la carretera tendrá un impacto sobre la zona, declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y que los municipios que atraviesa crecerán de forma importante, amenazando a su vez el entorno. Pero tampoco se puede aducir, como hace Oberhuber, que no existe apenas siniestralidad y poner a las aves por encima de las personas.
Al final, la discusión parece reducirse a cuántas encinas serán “arrancadas”, según los ecologistas, o “transplantadas”, según la Comunidad de Madrid (ver aquí).
Quizá la mejor solución sea realizar una verdadera Evaluación de Impacto Ambiental, para que las obras sigan su curso y los habitantes de la comarca tengan una mejor comunicación con la capital.
La carretera es necesaria pero de modo que dañe lo menos posible el entorno, y vigilando especialmente la especulación urbanística y el crecimiento desmesurado de los municipios colindantes.
