El presidente estadounidense, Barack Obama, anunció hoy la creación de una comisión para investigar el vertido de petróleo en el Golfo de México y evitar futuras catástrofes, mientras la marea negra y la frustración avanza.
En su discurso de todos los sábados, Obama reiteró que su Gobierno «hará rendir cuentas» por el desastre a BP y a las otras empresas envueltas en las operaciones de la plataforma -Hailliburton y Transocean Ltd- para que paren el vertido, reparen el daño ocasionado e indemnicen a las personas que han sufrido perjuicios.
Obama señaló en su mensaje que «la relación demasiado amistosa» entre las compañías energéticas y las agencias que las regulan ha sido motivo de inquietud desde hace tiempo.
El ex senador demócrata Bob Graham encabezará esta comisión, que será copresidida por William Reilly, quien fue director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) con una administración republicana, y que junto con otros 5 miembros que nombrará Obama la próxima semana -entre los que habrá científicos e ingenieros- tendrán que preparar un informe en seis meses.
Su primer objetivo será descubrir la causa del vertido, iniciado cuando una explosión destruyó una plataforma petrolera de British Petroleum (BP) el pasado 20 de abril. Además, presentará una serie de opciones para aumentar la seguridad y la protección ambiental en las explotaciones marítimas.
Un mes después de que la explosión de la plataforma petrolera «Deepwater Horizon», operada por BP en el Golfo de México, a 77 kilómetros de la costa del estado de Luisiana, causara la muerte de 11 trabajadores, el derrame no ha podido ser controlado y comenzó a llegar esta semana a las delicadas marismas del delta del Misisipi.
La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA, por su sigla en inglés) advirtió que «una pequeña porción» de la mancha entró en la corriente principal marina y se teme que el vertido se desplace hacia Florida e incluso más al sur, a Cuba.
Todavía se desconocen cuáles serán las consecuencias del derrame para el ecosistema y la magnitud de la tragedia, mientras BP no consigue sellar la fuga.
En un principio, la compañía tenía previsto realizar este domingo otro intento para frenar el escape, sin embargo, el viernes anunció que las operaciones se retrasarán hasta la semana que viene, probablemente hasta el martes, según informó el director de operaciones de BP, Doug Suttles.
La operación consistirá en introducir líquidos pesados y después de lodo y cemento que al endurecerse podrían taponar el derrame.
Oceanógrafos, veterinarios expertos en la vida marina y responsables del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos han advertido de consecuencias «sin precedentes» del derrame en el ecosistema en el área.
Esta agencia se está preparando para el potencial impacto del derrame en 25 refugios silvestres a lo largo de las costas de Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, donde viven docenas de especies en riesgo y en peligro de extinción, y ha desplegado más de 200 trabajadores para minimizar el impacto del vertido.
La presión y las críticas del Gobierno y de la sociedad civil han obligado esta semana a la empresa a transmitir en directo, en su web y a través de una cámara submarina, el petróleo que se fuga del pozo.
Además, en el Congreso de Estados Unidos se celebraron varias audiencias para aclarar y definir los esfuerzos de limpieza del derrame.
Este accidente ha cuestionado la anterior propuesta de Obama para expandir la perforación en alta mar como parte de la estrategia para ganar el apoyo republicano a la legislación del cambio climático.
Pero, según aseguró en su discurso, «sólo podemos realizar perforaciones petroleras en mar abierto si tenemos la seguridad de que un desastre como este derrame no volverá a ocurrir».
Científicos y oceanógrafos han acusado al Gobierno de haber sido demasiado permisivo con BP y de no haber exigido un análisis de cuántos barriles de petróleo entran cada día en las aguas del Golfo a través de la fuga.
La petrolera ha dicho que se trata de 5.000 barriles diarios, cifra que utiliza también el Gobierno, mientras que otros cálculos apuntan a entre 25.000 y 95.000 barriles diarios.
