El Gobierno «ni se plantea ni estudia» la aplicación de un impuesto a los carburantes que sirva para financiar las renovables y que permita compensar las emisiones de CO2 del sector petrolero y su menor implicación en los objetivos marcados en este ámbito por Bruselas hasta 2020, han indicado a Europa Press en fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo ha expresado su disposición a desarrollar una fiscalidad ‘verde’, en línea con el programa electoral del PSOE, pero ha supeditado los avances en esta materia a que la Unión Europea establezca un marco para su aplicación.
Por el momento, el Ministerio de Hacienda se ha limitado a anunciar su intención de reformar el impuesto de circulación, de competencia municipal, con el fin de vincular este gravamen a las emisiones contaminantes de los automóviles, como ya hiciera con el impuesto de matriculación, transferido a las comunidades autónomas.
La propuesta de un nuevo impuesto a los carburantes surgió en algunas de las reuniones celebradas en el Ministerio de Industria con agentes del sector energético, pero que no se ha llegado a considerar viable, entre otros motivos, por la complejidad técnica y dificultad procedimental de ponerla en marcha.
Por su parte, fuentes del sector energético aseguran que el Ministerio de Industria ha celebrado reuniones «de alto nivel» para «tantear» al sector acerca de diversas fórmulas para recortar los costes del sistema, y que entre estas posibilidades figuran tanto el impuesto ‘verde’ como la supresión de los ‘windfall profit’, que son los «beneficios caídos del cielo» que reciben la hidráulica y la nuclear al recibir en el ‘pool’ el precio de la tecnología más cara.
La idea del impuesto ‘verde’ para los carburantes procede de las asociaciones fotovoltaicas, que parten de que el sector eléctrico tendrá que integrar en su matriz de generación un 40% de energías limpias en 2020, mientras que a otros sectores como los de transporte, basados en los hidrocarburos y responsables de un alto porcentaje de las emisiones, no se les exige un esfuerzo de este tipo.
3.528 MILLONES EN 2010.
Según las asociaciones fotovoltaicas, la aplicación de este impuesto para «repartir los costes» del cambio de modelo energético hará que el sector del petróleo asuma en 2010 el pago de 3.528 millones, frente a 1.197 millones del gas.
De aplicarse esta propuesta en 2010, los consumidores de electricidad pasarían de pagar en primas a las renovables 1.575 millones, frente a los 6.300 millones previstos, al tiempo que el sector del petróleo y del gas asumirían otros 4.725 millones.
Las asociaciones recuerdan que los sectores del gas y del petróleo, pese a tener el mayor peso en la cobertura de la demanda, no disponen de una tecnología madura ni de recursos autóctonos capaces de contribuir al cumplimiento de los objetivos de Bruselas de introducción de renovables.
13.200 MILLONES DE PRIMAS EN 2020.
Las asociaciones calculan que el modelo actual de primas a las renovables tendría, en caso de prolongarse, un coste de 13.200 millones de euros al año en 2020, frente a los 6.300 millones previstos para 2010.
No obstante, esta partida podría reducirse en 2020 a 3.960 millones si se asume un coste en el sector del petróleo de 5.940 millones relacionado con el cumplimiento de los objetivos comunitarios, así como otro de 3.300 millones en el del gas.
ARGUMENTOS CONTRA LA TASA.
Por su parte, el sector petrolífero recuerda que los hidrocarburos aportan diez veces más en recaudación fiscal que las renovables y que cerca de la mitad del precio final de los combustibles de automoción corresponde a impuestos.
Los impuestos especiales de los hidrocarburos procuran 10.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado, frente a 1.300 millones del sector eléctrico, y si se suman otros tributos como el impuesto de venta minorista o IVA, la aportación se eleva a 14.250 millones, frente a 1.500 millones de la electricidad.
Dentro del impuesto sobre hidrocarburos se incluye el conocido como ‘céntimo sanitario’ que se destina a la financiación de la sanidad pública y que existe en algunas comunidades –son ellas las que tienen la potestad de implantarlo– como Madrid, Asturias, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía.
