La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) exige que el procedimiento de elección de emplazamiento para el Almacén Centralizado de Residuos nucleares (ATC) «dé marcha atrás» hasta el momento previo a la elaboración del informe que prioriza a Zarra (Valencia) frente a las demás candidaturas. También reclama que la Comisión Interministerial analice y apruebe un nuevo informe, más «riguroso».
Esta organización (que presentó dos candidaturas: la de Yebra -Guadalajara- y la de Ascó -Tarragona-) pide, de hecho, que el nuevo informe sea realizado por «personas de reconocida solvencia que deberían ser los miembros del Comité Asesor Técnico de la Comisión Interministerial».
AMAC sostiene que el citado informe, que se analizó en el último Consejo de Ministros, adolece de defectos suficientes como para sospechar que «se ha construido a medida, para una decisión previamente pensada».
El informe, además, «ha provocado que el Gobierno se encuentre en una situación no querida que puede provocar la imposibilidad de escoger un emplazamiento en España», ante la oposición del Gobierno regional a albergar esta instalación.
Entre las «incoherencias e inexactitudes» existentes en el llamado «Informe de propuesta de emplazamientos candidatos para albergar el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su centro tecnológico asociado», AMAC destaca que este documento «esconde» que Zarra es un municipio «no urbanizable», con el fin de «dar a un candidato concreto la puntuación que le conviene».
Igualmente, AMAC esgrime que la mayor parte de los terrenos de Zarra son de titularidad privada, en contra de lo que dice el informe.
En cuanto a las infraestructuras, esta Asociación sostiene que «todos los candidatos, excepto Zarra, presentan emplazamientos colindantes con carreteras principales que aseguran el transporte de los residuos sin tener que construir infraestructuras complejas».
Asimismo, AMAC ve «inaceptable» que se dé la misma calificación a tres ayuntamientos como son Ascó, Yebra y Zarra, cuando el Ayuntamiento de Ascó alberga dos reactores nucleares en su término municipal desde los años 80, y el Ayuntamiento de Yebra ha convivido con una central nuclear a 7 kilómetros durante 38 años.
En lo relativo al «consenso institucional, con mención especial a las comunidades autónomas», requerido por las Costes Generales, «no se demuestra en ninguna de las comunidades», agrega AMAC. Y destaca, asimismo, que la Comunidad Valenciana, «fue la primera autonomía en posicionarse en contra del ATC».
El informe, continúa AMAC, «no hace mención en ningún momento a cuestiones relativas al consenso social y a la labor de información a la población que se ha llevado a cabo en las candidaturas de AMAC».
Por todo ello, esta organización asegura que la puntuación otorgada a Zarra no concuerda con el análisis de los factores de valoración del propio documento. En algunos casos, «el análisis simplemente no se ajusta a la realidad». En su opinión, «en el caso de que el informe se hubiera hecho con rigurosidad, el orden de priorización sería sustancialmente distinto».
Se suma el hecho de que «ha sido la primera vez que un documento aprobado no aparece en la web «www.emplazamientoatc.es» de forma inmediata, rompiéndose así, en el momento más importante, el principio de transparencia que se pretendía respetar», señala.
AMAC defiende que advirtió, desde el inicio, a los organismos del Estado que el procedimiento adolecía de un defecto principal: la no implicación desde el inicio de las comunidades autónomas.
Este defecto, «no era subsanable por parte de los municipios, sino que correspondía al estado buscar la manera de consensuar con los gobiernos autonómicos», concluye.
