La organización ecologista Greenpeace ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional el 23 de diciembre dentro del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ONG en la que solicita que se declare «nula de pleno derecho» la resolución que el 29 de diciembre de 2009 inició el proceso del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado.
Así, el portavoz nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha explicado a Europa Press que está «plenamente demostrado» que sus argumentos jurídicos son válidos y que la citada resolución ministerial así como el proceso del ATC no han respetado el Convenio Aarhus –la legislación europea para instalaciones que puedan tener impacto ambiental– que rige en España desde 2005.
Concretamente, ha señalado que el proceso del ATC no ha respetado, entre otros el artículo 6 de dicho Convenio, que establece que para una serie de instalaciones entre las que figuran este tipo de almacenes de residuos «debe abrirse un proceso claramente participativo», por lo que en el caso español, a su juicio, «tenía que haberse aplicado un proceso de participación pública desde el primer momento para que pueda llegarse a una solución eficaz».
A este respecto, considera que si se hubiera hecho de este modo, «se habría llegado a una solución eficaz y de consenso», mientras que lo que se ha conseguido es que «todas las comunidades autónomas» rechacen la instalación en su territorio.
Además, ha indicado que en el pleito Greenpeace pidió los estudios técnicos y de seguridad, pero también estudios económicos del ATC frente a los almacenes temporales individualizados (ATIS), algo que según ha recordado «también se han pedido en el Congreso de los Diputados, como derivado de la comparecencia de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten».
«Se han pedido estudios económicos, medioambientales, técnicos, de seguridad, comparativos de las distintas opciones, incluido el almacenamiento geológico profundo de los residuos de las centrales nucleares y nada de eso se ha hecho», ha añadido.
Precisamente, este miércoles se cumple un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución de la secretaría de Estado de Energía, de 23 de diciembre de 2009 por la que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio puso en marcha el proceso de búsqueda de emplazamiento y/o municipio para el ATC y su centro tecnológico asociado.
En ese sentido, Bravo ha subrayado que «ha quedado demostrado que los proyectos técnicos y los estudios de seguridad específicos no existen, como tuvo que reconocer el Ministerio de Industria ante la Audiencia Nacional» en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Greenpeace que asegura que «no hay ninguna urgencia para construir este ATC».
«El año 2010 ha terminado sin que el Ministerio de Industria haya logrado avanzar en su propósito, sino todo lo contrario. El proceso del ATC ha descarrilado social y políticamente, ya que ha quedado demostrado el amplio rechazo social y territorial al cementerio nuclear», ha apostillado Bravo.
Para la organización el ATC «se encuentra en un callejón sin salida» tras el «rotundo rechazo social» y de todos los gobiernos autonómicos con algún municipio candidato a albergarlo.
En el aniversario de inicio del proceso, Greenpeace recuerda al ministro Miguel Sebastián y al secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, que auguraban que el proceso habría culminado en cuatro o cinco meses y que habría «bofetadas» entre los pueblos para quedarse con el ATC.
