El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que piden al Gobierno aragonés que antes de 30 días presente un estudio de la oferta y demanda asistencial sanitaria en el área metropolitana de Zaragoza en la Comisión de Sanidad, incluyendo las posibilidades que ofrecerán las nuevas infraestructuras sanitarias, tal y como se aprobó en una iniciativa anterior sobre esta materia, en octubre de 2009.
La iniciativa ha sido presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular (PP), mientras que Partido Socialista (PSOE), Partido Aragonés (PAR) y Chunta Aragonesista (CHA) han presentado enmiendas. Finalmente, se ha pactado un texto conjunto entre todos ellos, que ha sido apoyado también por Izquierda Unida (IU).
El diputado del PP, Ricardo Canals, ha agradecido el entendimiento que se ha logrado entre los grupos, si bien ha remarcado que el Gobierno de Aragón «ha incumplido» su compromiso en esta materia.
Asimismo, ha abogado que el Hospital Provincial de Zaragoza sea hospital general con población de referencia y ha deseado que gracias al «compromiso claro» adquirido hoy en las Cortes, en ese estudio se diga «qué quieren hacer ustedes con el hospital provincial», ha dicho en referencia a los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y PAR.
El diputado del PSOE, Eduardo Alonso, ha asegurado que se ha estado «trabajando en el análisis de la situación sanitaria» y «se ha avanzado en la mejora de las infraestructuras», si bien ha reconocido «retrasos».
El diputado del PAR, Javier Callau, ha señalado que la puesta en marcha de centros de salud en Valdespartera, Parque Goya y Actur Norte, que atienden a 80.000 personas, «obliga a un proceso de redistribución de usuarios de al menos 120.000 ciudadanos», a lo que también contribuirá, por ejemplo, la construcción del nuevo centro de salud de La Almozara, ha apuntado.
La diputada de CHA, Nieves Ibeas, ha deseado que «cuando llegue el informe pueda ser realidad esa voluntad que se manifestó por parte de todos los grupos en 2009 y 2010 en el Ayuntamiento de Zaragoza, para que pueda existir la máxima colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento y se pueda procurar a los vecinos que llegan a una zona como población nueva los equipamientos sanitarios a que tienen derecho».
