Las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF-España y Ecologistas en Acción, junto a CCOO, han señalado que el Gobierno lleva años «ignorando la dependencia energética de España» y no ha «hecho los deberes» en este aspecto, por lo que ahora han decidido lanzar unas medidas «que son poco ambiciosas» porque «no solucionan todos los problemas que actualmente sufre el país».
Así, según ha explicado la portavoz de Greenpeace, Sara Pizzinato, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «tiene poca credibilidad» porque «con sus políticas ha boicoteado las renovables». En este sentido, ha señalado que las políticas del actual Gobierno y los anteriores no han solucionado los problemas y ahora han tenido que echar mano de «unas medidas coyunturales que no serán contínuas en el tiempo» y, por tanto, «no tienen valor».
Tanto los ecologistas como CC.OO han señalado que las medidas tomadas por el Gobierno en las últimas semanas son «acertadas» porque llevan al ahorro. Sin embargo, también apuntan que deberían ser «más contundentes», que tendrían que tener una visión a medio-largo plazo y que tendrían que abarcar más sectores, no sólo el del transporte. Los ecologistas han recordado que la edificación, la industria o la agricultura también son áreas en las que se puede reducir el consumo energético.
Paralelamente, han propuesto al Ejecutivo recuperar diversas propuestas normativas que ya se habían puesto en conocimiento del Gobierno hace años pero «que no se tuvieron en cuenta», según ha asegurado el representante de Ecologistas en Acción, Pablo Cotarelo.
Concretamente, se trata de las proposuciones de Ley de Movilidad Sostenible, de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía y de Fiscalidad Ambiental que las asociaciones redactaron junto a ICV-IU en 2007, 2008 y 2009, respectivamente, y que nunca llegaron a tramitarse en el Congreso.
En cuanto a la proposición de Ley de Movilidad Sostenible, han explicado que se trata de impulsar y planificar la movilidad sotenible en áreas metropolitanas, municipales y en el ámbito de las empresas y polígonos industriales y grandes centros de actividad. A su juicio, se lograría fijando las medidas más decuadas para formentar el transporte público y colectivo y los medios de transporte de bajo impacto.
En la propuesta de Ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía se incluyen un conjunto de medidas para frenar el consumo de energía y crear un marco legal que fomente una ciultura energética basada en el ahorro. Así, la proposición establece un objetivo uniforme de ahorro en el consumo total de energía a nivel nacional de, al menos, un 20 por ciento en 2020 (con respecto a 2005). Para ello, han explicado que se inclutyen medidas de gestión de la demanda, la eliminación de las tecnologías obsoletas, planes para las Administraciones Públicas y la creación dde dos organismos para realizar el seguimiento institucional, administrativo y social.
Finalmente, proponen también cambios en el modelo productivo para «hacer más rentable el uso responsable de recursos y energía». En este sentido, han recordado que el 9 por ciento del PIB se destina a «tapar» las políticas contaminanrtes, un dinero que «se podría utilizar para mejorar la vida de las personas».
Así, porponen modificaciones de impuestos existentes, como la introducción del pago del impuesto sobre hidrocarburos para la aviación, equiparar el tipo impositivo sobre gasolina y diéles o que el impuesto de matriculación vaya en base a las emisiones de CO2. Del mismo modo, señalan que la rehabilitación de viviendas debería conllevar a reducción o que se aplicara un IVA superreducido a las bicicletas y sus reclambios o a otros vehículos no contaminantes. Además, piden la desgravación de los gastos por transporte público del IRPF.
Para Asunción todas estas medidas pueden «mejorar enormemente la vida de los ciudadanos» y del medio ambiente. Por ello ha pedido al Gobierno que valore el marco actual que ha considerado como «el mejor momento para cambiar e impulsar un nuevo modelo energético».
En cuanto a la reacción de algunas Comunidades Autónmas, que se han mostrado contrarias a poner en marcha las medidas del Ejecutivo central, Cotarelo ha señalado que «hay que dejar atrás los intereses partidistas» y ha recordado a los gobiernos regionales que estas medidas supoenen «una mejora e ingresos» para ellos.
