Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF y CCOO avisaron este jueves de que hacen falta «medidas más contundentes» y que impliquen a más sectores para avanzar hacia el ahorro energético. Para ello, piden modificar e introducir nuevos impuestos, añadir «los costes sociales y ambientales» a la tarifa eléctrica y apostar por las energías renovables, entre otras cuestiones.
En una rueda de prensa en Madrid, estas cuatro organizaciones plantearon para ello rescatar tres proposiciones de ley sobre movilidad sostenible, fiscalidad ambiental y ahorro y eficiencia energética que presentaron junto a ICV e IU en los años 2007, 2008 y 2009.
Para CCOO y los ecologistas, algunas de las iniciativas planteadas por el Gobierno son «sensatas», pero alertan de que «carecen de la ambición y continuidad necesarias para asegurar un futuro basado al 100% en renovables, ahorro y eficiencia».
«Son acertadas, pero improvisadas y hechas con prisa. Hacen falta medidas más contundentes, pensadas a medio y largo plazo, transversales y que afecten a todos los sectores, desde el transporte a la edificación, la industria y la agricultura», señaló Carlos Martínez, del departamento de Medio Ambiente de CCOO.
«Como primer paso», estas organizaciones piden establecer un objetivo vinculante de reducción de la demanda energética para 2020 en «al menos» un 20% sobre los niveles de 2005. En su opinión, «esto es posible y viable» con las medidas de las tres iniciativas legislativas presentadas en el Congreso, donde posteriormente fueron rechazadas.
Según explicó Pablo Cotarelo, de Ecologistas en Acción, la propuesta de ley de movilidad sostenible permitiría planificar la movilidad en áreas metropolitanas, municipales y en el ámbito de las empresas, polígonos industriales y grandes centros de actividad, fijando medidas para fomentar el transporte público y colectivo y los medios de transporte de bajo impacto.
Cotarelo valoró el establecimiento de un nuevo límite de velocidad, aunque lo «mantendría en el tiempo» y lo fijaría en 110 kilómetros por hora para autovías, en 90 para carreteras convencionales, en 50 para grandes avenidas y en 30 para zonas residenciales.
Por su parte, la ley de ahorro y uso eficiente de la energía presentada por estas organizaciones incluye un conjunto de medidas para crear «un marco legal que fomente una cultura energética basada en el ahorro, el uso de tecnologías más eficientes y las fuentes de energía renovables».
Para ello, incluye medidas de gestión de la demanda, la eliminación de las tecnologías obsoletas, auditorías energéticas, criterios de eficiencia energética en la planificación territorial y en la construcción, así como que los precios y las tarifas eléctricas «internalicen los costes sociales y ambientales».
También se propone que las Administraciones Públicas cuenten con un plan de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones.
FISCALIDAD
Finalmente, la propuesta de ley sobre fiscalidad ambiental apuesta por la introducción de nuevos impuestos o la modificación de algunos ya existentes referidos a materias energéticas, como la energía nuclear, la incineración de residuos, los de hidrocarburos (extenderlo a la aviación), matriculación (ajustarlo en base a las emisiones de CO2), impuesto de sociedades, IRPF, IVA (aplicar el reducir para los recambios de bicicletas), así como respecto de los tipos del IBI, el impuesto de circulación, o el de construcciones, instalaciones y obras.
Algunas de estas modificaciones afectan también al transporte, la edificación y el urbanismo, y su finalidad es «el ahorro de energía».
«Ciertas estructuras fiscales existentes ahora mismo están empujando al derroche energético. Hacen falta más gravámenes para las actividades contaminantes e incentivos para las más respetuosas para el medio ambiente», añadió Sara Pizzinato, de Greenpeace.
Estas organizaciones echan también de menos un mayor protagonismo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en los planes del Gobierno, y pidieron el «apoyo» de comunidades autónomas y ayuntamientos para alcanzar estos objetivos de ahorro energético.
Ante la proximidad de las elecciones autonómicas y locales, Cotarelo subrayó la importancia de «no dejar un tema tan importante en manos de intereses partidistas». «La visión de Estado debería estar má allá de la pelea política al uso a la que estamos acostumbrados», concluyó Cotarelo.
