Greenpeace ha presentado este miércoles un informe del que se desprende que la actividad de refrigeración de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) produce contaminación térmica en el río Ebro, por lo que la organización reclama al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que «revoque y paralice» la autorización de vertido de aguas de refrigeración de la central «que no cumple los criterios».
En rueda de prensa, el responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha recordado que, en 2009, un informe del MARM ya advertía de los problemas de refrigeración de Garoña, motivo por el que la central tuvo que parar su actividad por la subida de temperatura de las aguas cuyo umbral máximo es de tres grados centígrados, según especifica la autorización de 18 de octubre de 2007 de vertido de aguas otorgada a Nuclenor -titular de la central- por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) -organismo dependiente del Ministerio-.
De este modo, Greenpeace ha encargado a entidades homologadas por la Administración un estudio para la recogida y análisis de muestras termométricas que, según apunta Bravo, se llevaron a cabo el pasado mes de febrero, entre la localidad de Frías y la presa de Sobrón, siendo éste último el embalse donde se produce tanto la toma de agua como el vertido de la misma.
El informe concluye que la actividad de refrigeración de la central produce una notable contaminación térmica en el río Ebro que se trasmite incluso aguas arriba de la propia central. Así, según las conclusiones del estudio «la temperatura del río Ebro el día del muestreo (soleado y sin precipitaciones) era de 6,5 grados centígrados y en ausencia de la actividad de la central lo esperable habría sido encontrar a lo largo del río temperaturas de ese orden y desde luego inferiores a los 10 grados centígrados».
Sin embargo, la temperatura de las aguas del embalse del Sobrón, tras la zona de dispersión térmica, se situó entre 17 y 21 grados centígrados, un incremento que, según Bravo, supera «con creces los tres grados centígrados permitidos por la autorización del vertido».
Además, Bravo ha denunciado que los datos de temperatura del agua que toma Nuclenor «no se ajustan a la realidad y están orientados a ocultar la enorme contaminación térmica que provoca su actividad» y para ello, «cuenta con la connivencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro».
«La Confederación Hidrográfica del Ebro está haciendo la vista gorda», ha subrayado Bravo tras señalar que el organismo reconoce a Greenpeace en un escrito que no realiza controles termométricos propios en el entorno de la central «ya que se consideran suficientes los que realiza el Nuclenor».
MAS PRUEBAS EN LOS ‘STRESS TEST’
Asimismo, Bravo ha señalado que la organización se ha dirigido por escrito al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; a la ministra de Defensa, Carme Chacón, a la responsable de Medio Ambiente, Rosa Aguilar y al titular de Industria, Miguel Sebastián para exigirles la realización urgente de los ‘stress test’ obligatorios para todas las centrales nucleares y el cierre inmediato de las que no los superen.
Para Greenpeace, estas pruebas, además de frente a terremotos e inundaciones, deben realizarse para probar la resistencia y el grado de vulnerabilidad de las instalaciones nucleares frente a posibles ataques terroristas y sabotajes; ciberataques; ante el impacto de aeronaves o misiles (por accidente o ataque terrorista); y ante situaciones de emergencia como las vividas en la central de Fukushima, en Japón.
Por otro lado, Bravo ha asegurado que Greenpeace emprenderá acciones legales «para exigir al Ministerio de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto» y estudia denunciar a la Confederación Hidrográfica del Ebro por «permitir la manipulación de los datos por parte de Nuclenor».
Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Miren Gutiérrez, ha reclamado al Gobierno que en la nueva ley, en trámite parlamentario, se tenga en cuenta la responsabilidad de las eléctricas en caso de accidente nuclear y que no se limite a 1.200 millones de euros la cantidad que tienen que asumir por los daños sufridos, momento en el que ha recordado que en el caso de Fukushima el coste de los daños se ha cifrado en 96.000 millones de euros.
