La mayoría de los 27 rechaza reducir un 25% la pesca de especies sin datos científicos

La mayoría de los países miembro de la UE, entre ellos España, han mostrado hoy su rechazo a la «rigidez» que plantea la Comisión Europea al proponer una reducción de al menos un 25% anual en las capturas de toda especie para la que no se tengan datos científicos suficientes sobe el estado de su población, porque consideran que una aplicación sistemática de esta regla «no se corresponde con la realidad» y advierten de que la diferencia entre pesquerías requiere el estudio «caso por caso» para el reparto de las posibilidades de pesca, han explicado fuentes europeas.

Bruselas presentó en mayo sus primeras ideas de cara a una nueva metodología para asignar los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para los barcos de la UE que se base en el rendimiento máximo sostenible de los recursos, esto es en una explotación sostenible que permita la reproducción de las poblaciones pesqueras en el horizonte de 2015. El documento, además, insiste en que cualquier decisión debe basarse en la información científica que ofrecen los expertos, pero lamenta que tal información sea muy escasa y señala en gran parte a los propios Estados miembros como responsables.

En un debate con los ministros de Pesca de la UE en Luxemburgo este martes, Damanaki ha retomado ese reproche aunque ha evitado nombrar a ningún país en concreto y ha justificado su idea de rebajar las capturas al menos un 25%, si no hay datos de la comunidad científica, como un «aliciente» para que los gobiernos de la UE «intensifiquen sus investigaciones» y cumplan con la recolección de datos.

Además, la mayoría de las delegaciones, entre ellas la española, han valorado el «principio» de reformar el sistema, pero han criticado que la oferta de Bruselas sea rígida. Fuentes europeas explican que «la mayoría (de países), y en especial España», consideran que la reforma que propone Damanaki es «demasiado estricta» y podría provocar «problemas socioeconómicos», por lo que apuestan por una puesta en práctica «progresiva». La comisaria, por su parte, ha replicado que «no hay mucho tiempo» para cumplir el objetivo marcado de la pesca sostenible en 2015.

Junto a España, otros países como Francia han expresado sus reservas a fijar una reducción automática para los recursos para los que no haya suficiente información científica y han pedido «diferenciar» aquellos stocks sobre los que no hay ninguna información de aquellos en los que sí hay al menos datos parciales, por lo que casi todos los Estados miembros han pedido un análisis «caso por caso» al establecer las cuotas anuales. Fuentes diplomáticas han apuntado que el resto de países mediterráneos han sido más receptivos con la propuesta de Damanaki, porque en este mar ya existe un alto nivel de gestión y control de sus especies.

Bruselas también plantea separar en dos decisiones distintas el reparto de las TAC y cuotas que cada año deciden los 27 en diciembre, con el objetivo de adelantar unos meses la decisión sobre los recursos cuya gestión sólo competa a la UE y no requiera decisión o negociación con socios terceros, pero tampoco ha sido recibida con buenos ojos por la gran parte de las delegaciones.

ISLANDIA Y FEROE

Los ministros de Pesca de la UE también han pedido a la comisaria que aclarara las medidas que a corto plazo para resolver la disputa con Islandia e Islas Feroe, países a los que la UE reprocha que se hayan asignado de manera «unilateral» y «exagerada» cuotas de pesca de caballa, pese al riesgo de sobreexplotación de la pesquería.

Varias delegaciones, encabezadas por Irlanda, Reino Unido y Francia han pedido a Bruselas «sanciones» contra estos dos países si no dan marcha atrás, según han informado fuentes diplomáticas, mientras que otros países como España y Suecia han pedido que esta disputa no afecte a las negociaciones que la UE acaba de abrir con Islandia para la entrada de este país en el club comunitario.

Preguntada por este asunto en rueda de prensa, Damanaki ha asegurado que sus servicios van a estudiar «todos los instrumentos jurídicos disponibles para usarlos en caso necesario», en referencia, por ejemplo, al veto al desembarque en puertos comunitarios de buques islandeses, pero se ha mostrado partidaria de «convencer a las partes que lo mejor es lograr un acuerdo». «Queremos un acuerdo pero no a cualquier precio», ha dicho la comisaria, tras considerar «inaceptable» la actitud de Islandia e Islas Feroe y acusarles de prácticas «irresponsables» que ponen en peligro los recursos pesqueros.

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