Varias ONG medioambientales han calificado la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), presentada por la Comisaria de Pesca europea por la Comisión Europea, Maria Damanaki, de «propuesta inadecuada» para proteger los ecosistemas marinos. La PPC definirá las nuevas directrices para la pesca comunitaria que deberán entrar en vigor a finales del año 2012.
En un comunicado conjunto, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, Ocean2012, SEO/Birdlife y WWF aseguran que la propuesta presenta aspectos positivos en su planteamiento, como la utilización de un eje de vertebración de la gestión pesquera, la incorporación de la aproximación ecosistémica, la voluntad de conseguir el rendimiento máximo sostenible, o la decisión de afrontar las problemáticas de los descartes.
Sin embargo, las ONG creen que los mecanismos planteados y la falta de priorización «hacen que sea una propuesta inadecuada para asegurar un ecosistema marino en buenas condiciones», al tiempo que se garantiza una distribución equitativa de los recursos, y la viabilidad de las poblaciones más dependientes de la pesca, donde la pesca artesanal sostenible tiene un rol importante.
Según los ecologistas, la propuesta actual no distingue entre los diferentes modelos acuícolas y propone un enfoque que no integra adecuadamente la dimensión ambiental por lo que, a su juicio, se favorece el esquilme de los recursos pesqueros salvajes. Además, consideran que propuesta ofrece «más autonomía y responsabilidad a los países miembros, pero no establece objetivos comunes que garanticen la integridad de los sistemas ecológicos».
Así, según Miquel Ortega, de OCEAN2012, «un sistema de concesiones individuales transferible como único sistema de gestión es inaceptable» mientras que Raúl García, de WWF, ha argumentado que «la propuesta actual es insuficiente pues no incluye marcos temporales para el establecimiento de estos planes ni mecanismos de participación y de cogestión pesquera».
Desde Oceana, María José Cornax, ha lamentado «la falta de mecanismos para la aplicación del principio de precaución», en la misma línea que Pep Arcos, de SEO/BirdLife, y Greenpeace, en palabras de Celia Ojeda, ha tachado de «vergonzoso» que la propuesta actual sólo obligue a establecer planes de ajuste para los pescadores artesanales.
Por su parte, Lydia Chaparro, de Ecologistas en Acción, ha reclamado «una nueva priorización del acceso a los recursos pesqueros» para aplicar criterios de sostenibilidad y Liliane Spendeler, de Amigos de la Tierra, ha hecho alusión «a la inadecuación» de la propuesta al Mediterráneo.
