Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han pedido a la Defensora del Pueblo en funciones que recurra ante el Tribunal Constitucional la modificación de la Ley de Aguas «por ser un riesgo para los ecosistemas» al pasar el control del Dominio Público Hidráulico a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña.
Asimismo, estas organizaciones han enviado una carta a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, en la que denuncian «las formas empleadas para esta modificación, ya que fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto por vía de extrema urgencia a través de un Real Decreto-ley».
Los ecologistas cuestionan su urgencia y constitucionalidad, y llaman la atención sobre el riesgo que supone que las comunidades autónomas no actúen con determinación y objetividad en la protección del Dominio Público Hidráulico. Por eso, pedirán a la Defensora del Pueblo que recurra la modificación ante el Tribunal Constitucional.
