La secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Teresa Ribera, ha manifestado que desde el Estado «no hay ninguna objeción» a que se pueda ejecutar provisionalmente la sentencia sobre la demolición del hotel de cabo de Gata El Algarrobico, porque este edificio es un «símbolo que debe desaparecer cuanto antes».
En declaraciones a los medios, Ribera se ha referido a la intención manifestada por varias organizaciones de presentar una solicitud de ejecución provisional de la sentencia. «Si acometemos el derribo, en su momento, será sin perjuicio de cual sea el pronunciamiento de fondo y la posibilidad de repercutir en quien corresponda. Creemos que es un símbolo que debe desaparecer cuanto antes, por lo que tan pronto como podamos contribuir a esa tarea, debemos hacerlo», ha apostillado.
Además, ha desaprobado las declaraciones del decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, Javier Hidalgo, quien este miércoles consideró que el Hotel El Algarrobico es «absolutamente legal» y que ha acusado al Ministerio de Medio Ambiente de «favorecer su desarrollo» y que ahora, el Gobierno y la Junta de Andalucía quieren derribarlo «a costa de los impuestos de los ciudadanos», al tiempo que ha subrayado que este «símbolo, debe desaparecer cuanto antes».
A la secretaria de Estado estas afirmaciones le resultan «cuanto menos, sorprendentes» porque no cree que los arquitectos, ni el arquitecto, por mucho que éste sea presidente de un Colegio oficial de Arquitectos, pueda sustituir el criterio jurídico en temas complejos, que corresponde dilucidar a los jueces. Por eso, ha destacado que el hecho de que El Algarrobico «sea legal o no, no depende de lo que pueda decir del Colegio de Arquitectos».
En todo caso, ha ironizado al apuntar que le parece «muy interesante» que Hidalgo exprese su «interés por el buen uso de los recursos públicos» y por el incumplimiento de la normativa, en particular de la urbanística. Por ello, le ha animado a que aplique el mismo celo «cada vez que tenga ocasión o contrato para construir cualquier edificio».
Además, ha desmentido «tajantemente ningún tipo de incongruencia del Ministerio de Medio ambiente y la dirección general de Costas desde el año, por lo menos, 1988».
A este respecto, Ribera ha detallado que en aquel año se informó, «todavía sin haber hecho el deslinde», el plan urbanístico del municipio y entonces se advirtió de que «hasta tanto se efectuara dicho deslinde, no se debía de permitir ningún tipo de construcción a menos de 100 metros de la línea de playa».
Asimismo, ha recordado que fue el Ministerio de Medio Ambiente el que en su momento advirtió después, en el año 2004, de la importancia de preservar el deslinde y de «no iniciar ningún tipo de construcción» en la zona.
DERRIBOS SIN INCOHERENCIAS
«También es un asunto que ha dejado claro el juzgado de lo contencioso competente, en el año 2008, y venimos trabajando en esa misma dirección sin ningún tipo de incoherencia al respecto», ha aseverado.
En este contexto, ha reiterado que Medio Ambiente ha puesto de manifiesto su voluntad, junto con la Junta de Andalucía de «acometer el derribo», pero respetando a los tribunales y, por lo tanto se llevará a cabo «tan pronto como los tribunales permitan acometer esta acción».
A su juicio, es «importante» trabajar conjuntamente para señalar que la zona de Cabo de Gata tiene «otras muchas» oportunidades de empleo que «se quieren impulsar en la zona» y ha añadido que el empleo no puede estar vinculado solamente a «un mal uso de los recursos» de los que se dispone, sino que hay una «gran capacidad» de generación de empresas pequeñas, asociadas a una zona con «un rico valor paisajístico».
Finalmente, ha dicho que tal y como ha pasado con otros hoteles o situaciones parecidas que tardaron «muchísimo tiempo en ver desaparecer del paisaje su presencia» –como el caso del hotel AtlanTerra– en el caso de El Algarrobico «probablemente» desaparecerá «más pronto o más tarde», pero ha insistido en que «lo importante es la coherencia, la prudencia y respetar esa capacidad que tienen los tribunales de pronunciarse al respecto».
