MADRID, 11 (EUROPAPRESS)
La organización Ecologistas en Acción exige que se prohíba, a nivel mundial la extracción y el uso del amianto y que en España se aborde «con determinación» su eliminación, debido a que las «noticias siniestras» sobre afectados por amianto «se multiplican».
Así, la organización recuerda que la importación de amianto fue prohibida hace 10 años y el reciente fallecimiento de un trabajador de la fábrica de Uralita en Getafe (Madrid), o el caso de 30 trabajadores en Ferrol cuyas muertes se demostró científicamente que se debió a su exposición a este mineral.
De este modo, Ecologistas en Acción considera «necesario» que se tomen medidas «determinantes» como la de un castigo penal y la responsabilidad indemnizatoria de los responsables; la desamiantización controlada del amianto instalado, que es una bomba de relojería bien diseminada por todas partes, empezando por colegios, hospitales y edificios públicos o la protección de las víctimas que no son bien tratadas en los organismos de la seguridad social y en los juzgados.
Igualmente, reclama que se establezcan indemnizaciones más justas para los familiares de las víctimas fallecidas para lo que sería «necesario» destinar un fondo nacional de compensación para el auxilio «mínimo» de urgencia a las víctimas» y propone también destinar más recursos a la investigación médica para la mejora y curación de los afectados.
En el ámbito internacional, Ecologistas en Acción subraya que sería «necesario» prohibir y controlar los envíos de los barcos españoles para el desguace en países empobrecidos, así como iniciar una lucha por la prohibición mundial de extraer y utilizar dicho mineral.
La organización recuerda que la Organización Mundial de la Salud advirtió el 3 de octubre que en los países pobres en los que no se ha prohibido el amianto se verán aumentar notablemente las muertes por exposición al mismo.
En ese sentido, pone de ejemplo el caso de Casale Monferrato, en Turín, «calificado como un Chernobil a la italiana», porque aunque la fábrica de amianto había cerrado en 1986, cada semana muere una persona de esa localidad de menos de 30.000 habitantes, y esta cifra irá en aumento en los próximos diez años. Allí se juzga ahora a uno de los magnates del amianto, el suizo Stephan Schmidheiny, al que el fiscal pide 20 años de cárcel. Este capitalista trata de salvar su imagen por medio de una fundación denominada AVINA, que está muy presente en organizaciones alternativas españolas, presentándose como un filántropo.
La enfermedad tiene un periodo de latencia de entre 20 y 40 años, por lo que los próximos 20 años en España y en Europa podrían morir cientos de miles de personas que trabajaron o vivieron en ambientes con amianto. Se estima, según la OMS más de 50.000 muertes en España y más de 500.000 en seis países europeos.
«La ignorancia de la población sobre la peligrosidad de este mineral se debe a una conspiración de silencio, bien orquestada por los cuatro grandes grupos que han dominado el mineral en el mundo, con la complicidad necesaria de las autoridades políticas», critica Ecologistas.
