Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han exigido a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente la firma, sin más retrasos, del acuerdo que alcanzaron para demoler el hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).
Los ecologistas han recordado que ambas administraciones se comprometieron el pasado mes de septiembre a repartirse las tareas de demolición del edificio ilegal cuando se pronunciaran los tribunales, de acuerdo a lo cual la Administración General del Estado se haría cargo de la demolición física del hotel y la Junta del desescombro y la restauración ambiental de esta zona del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Así las cosas, se quejan de que aún no haya habido «ninguna novedad sobre el tema», a pesar del pronunciamiento del Tribunal Supremo contra la legalidad del hotel. A su juicio, esta situación refleja el «incumplimiento del compromiso» de demoler el hotel que hizo la ministra Rosa Aguilar al llegar al Gobierno central.
Asimismo, mantienen que la demolición es «perfectamente posible» en cumplimiento del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Junta de Andalucía, ya que el hotel es «ilegal e ilegalizable». Además, reclaman que Gobierno y Junta actúen de forma subsidiaria, reclamando el coste de la reparación a la empresa y, en su caso, a los cargos públicos que autorizaron o informaron favorablemente este hotel ilegal.
Además, las organizaciones entienden que después de que Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar –como parte demandante del pleito sobre la licencia de obras que declaró ilegal la licencia hace más de tres años–hayan solicitado formalmente la ejecución provisional de la sentencia «no es necesario esperar a que los tribunales sigan confirmando la ilegalidad del hotel».
La sentencia del 30 de septiembre del Tribunal Supremo mantenía la suspensión cautelar del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural que ratifica que los terrenos donde se asienta el hotel son no urbanizables y por tanto «refuerza aún más la necesidad de poner en marcha un acuerdo que todavía no ha visto la luz».
Las organizaciones ecologistas entienden que en el compromiso entre Medio Ambiente y la Junta también se debe instar al Ayuntamiento de Carboneras a rehacer su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se clasifica la parcela como urbanizable en vez de espacio protegido no urbanizable.
