Desde la puesta en marcha de BiciMAD, más de un millar de bicicletas han sido robadas o inutilizadas y 1.625 estaciones, atacadas.
A Bonopark no le salen las cuentas. Lejos quedan las expectativas levantadas en junio de 2014 cuando la entonces alcaldesa estrenaba de forma oficial el servicio frente a la sede del Ayuntamiento.
El problema de la concesionaria no es, sin embargo, la escasa demanda. Cada día se registran 18.000 usos de las bicis de alquiler público repartidas por la almendra central, y éstas suman 6.000 horas de uso.
Bonopark tampoco puede echarle la culpa a unos costes disparados por la alta calidad de servicio ofrecido: apenas ha cumplido las condiciones de disponibilidad y número de bicicletas ofrecidas.
El drama es otro: Desde la puesta en marcha de BiciMAD, más de un millar de bicicletas han sido robadas o inutilizadas y 1.625 estaciones, atacadas. Algunas aparecieron en una página de venta de segunda mano en Rumanía; otras tiradas en un parque, flotando en el Manzanares o literalmente quemadas.
Desde su puesta en marcha, en junio de 2014, 1.006 bicicletas del servicio han sido robadas o destrozadas hasta su completa inutilización.
Además, en este tiempo se han producido más de 4.500 reparaciones por daños en sillines, ruedas o estaciones.
El concejal del ramo del actual gobierno municipal, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, ha reconocido que el contrato de concesión, que incluye el mantenimiento del servicio a cambio de 25 millones de euros, «es un horror».
Sin embargo, se ha mostrado reacio a tomar medidas contundentes por el momento, y afirma que el margen de maniobra del municipio con un contrato que apenas incluye penalizaciones es muy escaso.
La empresa, por su parte, ha amenazado con declararse en concurso de acreedores, lo que podría obligar a Madrid a suspender un servicio que ya se ha convertido en pieza fundamental de la movilidad en el centro de la ciudad.
ALGUNAS CONDENAS
Los ataques a las bicicletas públicas del servicio BiciMAD han llegado a los tribunales: “Ya hemos asistido a más de un centenar de juicios”, cuentan desde Bonopark, empresa adjudicataria y acusación particular en estas causas.
De esas vistas han salido una veintena de sentencias firmes.
Varias de ellas implican penas de cárcel, de entre cuatro y seis meses por hurto o robo, mientras que otras castigan a los infractores con sanciones económicas de hasta 1.000 euros.
