El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha dirigido a la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) una sugerencia sobre el uso de los pesticidas neurotóxicos para el tratamiento de simientes con el objetivo de evitar riesgos a la población de abejas, según figura en el capítulo de Protección y Conservación de los Espacios Naturales, Flora y Fauna del informe anual de la institución correspondiente a 2009 y que esta semana ha sido presentado al Senado.
Así, el Defensor del Pueblo ha solicitado aclaraciones sobre el control del cumplimiento y de la eficacia de las condiciones de la autorización de los pesticidas neurotóxicos que se pulverizan sobre las plantas.
Concretamente, recomienda a la citada dirección general del MARM que revise las autorizaciones de ‘Imidacloprid’ para el tratamiento de maíz, cereales y patatas y que «prohíba su uso» o, en su defecto, formulen condiciones de utilización que «prevengan» los riesgos para las abejas.
Igualmente, sugiere que se prohíba «claramente» su uso en las proximidades de las colmenas que están instaladas, así como en determinados municipios o lugares en los que se deba proteger a las abejas silvestres y a otras especies polinizadoras.
Además, en virtud del principio de prevención y de lucha integrada contra las plagas, unido a la «alta» peligrosidad para las abejas de estos productos –algo que recuerda que es un punto aceptado por «todas» las partes implicadas–, sugiere «revisar las autorizaciones» de estos pesticidas para semillas de maíz, cereales y patata, y prohibirlos «claramente» en las proximidades a colmenas ya instaladas.
Asimismo, sugiere que se revisen también las autorizaciones de ‘Imidacloprid’ para las simientes de remolacha para evitar posibles daños a las abejas en el caso de que el cultivo no sea recogido o exigiendo «siempre» en el primer año de crecimiento de la planta. «Aplique estos criterios a cualquier otra nueva solicitud de autorización de pesticidas neurotóxicos para el tratamiento de simientes», señala el informe.
A este respecto, el Defensor del Pueblo señala que la sugerencia encuentra su justificación en que cuatro de las cinco autorizaciones de productos comerciales de este pesticida para el tratamiento de semillas no se sujetan a las condiciones preventivas para las abejas, mientras que en la autorización del quinto producto se incluye la condición de que por la alta peligrosidad del producto para las abejas, «no se establecerán colmenas próximas a los cultivos procedentes de semillas tratadas, de forma que, en su actividad de pecoreo, las abejas no puedan alcanzar las mismas».
Así, critica que mientras la autorización de un producto reconoce su «alta peligrosidad» para las abejas, las autorizaciones de otros productos semejantes ni siquiera mencionan tal circunstancia.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo manifiesta que este tipo de autorizaciones no son «suficiente» para proteger a las abejas porque aunque vincula al agricultor que quiera utilizarlo, «no protege al apicultor o apicultores cuyas colmenas se encuentren próximas a los terrenos de un agricultor que decida emplear dichos productos fitosanitarios».
Finalmente, la institución destaca que se ha interesado también en conocer los controles de Imidacloprid en cada comunidad autónoma así como las razones por las que en los parques y jardines de ámbito urbano no se estima que haya peligro para las abejas con el uso de estos productos.
