Una comisión intersectorial designada por el Gobierno de Alemania llegó este sábado a un acuerdo relativo al abandono de la industria energética carbonífera por parte del país teutón, según rt.
Parte de dicho convenio supone la transferencia de 40.000 millones de euros a las regiones productoras de carbón como medida para paliar los efectos socioeconómicos de la reforma estructural. En él, se fija el año 2038 como fecha límite para el cierre de las plantas carboníferas del país, con la posibilidad de evaluar en el 2032 su adelanto a 2035. Se espera que el acuerdo obtenga en el futuro su traducción normativa en una ley aprobada por el Parlamento federal.
El acuerdo forma parte de la estrategia de Alemania para hacer virar su modelo energético hacia las energías renovables, que ya el año pasado superaron por primera vez a las no renovables, llegando a suponer más del 40% del ‘mix’ energético alemán. Ya en 2011, tras el desastre de Fukushima, el país acordó el cierre de todas las centrales nucleares de su territorio para el 2022.
‘Menos emisiones de CO2, más puestos de trabajo, un suministro energético asegurado y asequible: una fuerte señal’, dijo el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, en su cuenta de Twitter. Las dificultades por las que atravesaron las negociaciones estriban fundamentalmente en el hecho de que aproximadamente un tercio de la energía alemana proviene del carbón.
Unos 20.000 puestos de trabajo dependen de forma directa de este sector, fuertemente concentrado en las regiones del este del país, precisamente donde la fuerza de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) cuenta con mayores apoyos entre la población al saber explotar dicha problemática socioeconómica para nutrirse políticamente. Stanislaw Tillich, expresidente de la región carbonífera de Sajonia, calificó el acuerdo de ejemplar, al afirmar que serviría para demostrar que nuevos puestos de trabajo e industrias pueden crearse mientras se le da el apagón al sector.
«Estamos ante un acuerdo histórico», declaró ante la prensa uno de los cuatro presidentes de la comisión negociadora, Ronald Pofalla, que enfatizó que este permitirá a Alemania cumplir con sus objetivos medioambientales establecidos para el año 2030, fuertemente dependientes de una reducción en las emisiones de carbón.
Armin Laschet, presidente del estado Renania del Norte-Westfalia, una de las principales regiones productoras del mineral, aseguró que estas medidas allanarían el camino hacia una transición energética económicamente viable por parte de los estados federados más fuertemente dependientes del mismo. Sin embargo, estos estados -Renania del Norte-Westfalia, Brandeburgo, Sajonia y Sajonia-Anhalt- exigen pactos vinculantes que garanticen la disponibilidad del apoyo económico necesario para afrontar las reformas.
Las compensaciones económicas dirigidas tanto a las productoras como a los hogares durante la ejecución del plan rondan los 2.000 millones de euros anuales, si bien las cantidades exactas se determinarán en 2023, según establece el acuerdo.
Asimismo, el convenio supone la preservación del bosque de Hambach, que ya fuera epicentro de altercados protagonizados entre ambientalistas y la Policía. Las protestas pretendían impedir que RWE, una de las mayores compañías energéticas del país, continuara explotando la zona en busca de lignito, una variante de carbón de mediana calidad.
