Cuánto más sabemos de este caso, más escalofriante resulta. El dueño de los perros de razas peligrosas que en febrero de 2017 causaron la muerte de un hombre en Santa Marta de Tormes (Salamanca) ha pedido este miércoles «perdón» a la familia del fallecido y ha afirmado que los «ayudará en todo lo que pueda», según recoge el autor original de este artículo ABC y comparte Francisco Lorenson para Periodista Digital.
Durante su declaración en el juicio que ha comenzado este miércoles en la Audiencia Provincial de Salamanca, F.A.R.M. ha mostrado su pesar por el suceso y ha señalado que él crió a esos perros y los convirtió «en asesinos».
«Es una desgracia para el hombre que perdió la vida y para su familia. Pero también lo ha sido para mí y para mi familia. Si llego a saber de que iba a suceder esto, los hubiera matado yo mismo», ha agregado.
El 26 de febrero de 2017 un hombre murió a las puertas de la finca Los Galguillos, en Santa Marta de Tormes (Salamanca), atacado por varios perros de razas peligrosas y tras las investigaciones de la Guardia Civil se detectaron «irregularidades en la grabación informática del censo del Sistema de Identificación de Animales de Compañía».
Como consecuencia de estas alteraciones, se imputó al dueño de los perros un delito de homicidio imprudente y a un veterinario se le imputó el delito de falsedad en documento oficial.
Durante la vista oral que ha comenzado este miércoles, F.A.R.M. ha añadido que le daba «pena» la situación generada y que solo pretende «ayudar y reparar el daño hecho». «Me da igual todo lo que me venga porque solo tengo impotencia, pena y rabia por esa familia», ha agregado.
Además, ha exculpado al veterinario, ya que «sin comerlo ni beberlo está en el juicio» pues puso en la cartilla «la raza» que el dueño de los perros le dijo, mientras que este profesional ha explicado que él solo rellenó «los papeles por la información que dio el cliente».
El Ministerio Fiscal reclama, en su escrito de conclusiones provisionales, cuatro años de prisión por un delito de homicidio imprudente y una indemnización de 134.200 euros; mientras que para el veterinario pide 3 años y 6 meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial.
