El artículo lo firma Emilio Moraleda, presidente de Farmaindustria y es un entusiasta alegato en favor de la investigación y una dolida queja ante la política de precios del medicamento, que impone el Ministerio de Sanidad y que a corto, medio y largo plazo, erosiona sin remedio la inversión española en I+D.
En una economía de mercado, la recompensa del esfuerzo innovador sólo puede ser la perspectiva de beneficios futuros. De este modo, los ingresos que obtenga una empresa innovadora por la venta de sus productos deberán ser suficientes para cubrir los costes variables de producción y además compensar los costes fijos en que haya incurrido para desarrollar dichos productos.
Para una compañía farmacéutica innovadora, la parte fundamental de estos costes fijos la constituyen las inversiones realizadas en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.
Sin embargo, muchos productos intensivos en innovación como los medicamentos pueden ser copiados a muy bajo coste por cualquier empresa con una mínima infraestructura tecnológica y ahorrarse así todos los costes de I+D en los que tuvo que incurrir la empresa innovadora.
Esta clase de competencia no sería muy beneficiosa para el desarrollo del mercado de medicamentos, puesto que si la compañía innovadora no pudiera obtener un rendimiento adecuado a una inversión en I+D que ha durado muchos años y que ha costado muchos millones de euros, es altamente improbable que continuara invirtiendo sus recursos en tal actividad.
De esta forma, la inversión global en I+D farmacéutica que se llevara finalmente a cabo sería notablemente inferior a la óptima y el mercado no funcionaría de manera eficiente.
Es el sistema de patentes el elemento que garantiza que este tipo de competencia no va a producirse durante un tiempo determinado. Las patentes otorgan a las compañías farmacéuticas un período de exclusividad en la comercialización de aquellos fármacos que han superado con éxito las sucesivas fases del proceso de I+D.
Esta exclusividad temporal será un requisito necesario para recuperar aquellos costes en los que tuvo que incurrir cuando realizó el esfuerzo investigador, y proporcionará al laboratorio recursos para seguir invirtiendo en nuevas actividades de I+D.
La mera concesión de una patente, sin embargo, no es un requisito suficiente para garantizar la rentabilidad de un nuevo producto. La patente no elimina el riesgo de que un nuevo producto fracase.
Será el propio mercado y la competencia que se produce entre compañías farmacéuticas quienes determinen si un producto innovador, protegido por una patente eficaz para el tratamiento de una determinada patología genera finalmente los ingresos necesarios para remunerar adecuadamente los costes de I+D previos a su comercialización.
PERIODO LIMITADO
Ésta es una característica fundamental del sistema de patentes. Si bien las patentes otorgan un derecho exclusivo de comercialización por un tiempo determinado, no otorgan poder de mercado a sus titulares.
Aun así, cuando surge un medicamento que no cuenta con sustitutos cercanos y que resulta efectivo para el tratamiento de una determinada afección, es muy probable que dicho producto genere fuertes ingresos para el laboratorio comercializador en tanto no aparezca un competidor —lo que, por otra parte, ocurre cada vez en un lapso temporal más corto—.
Pero esta dinámica competitiva, lejos de ser negativa, constituye precisamente el motor de la innovación farmacéutica y es la responsable de que el arsenal terapéutico haya crecido de una manera importantísima en las últimas décadas.
De este modo, una misión fundamental del Estado es garantizar que la protección que otorga el sistema de patentes a los medicamentos innovadores se cumple y es efectiva para alcanzar sus objetivos.
Sin embargo, el Estado, además de regulador del sector farmacéutico y garante de su funcionamiento competitivo, es también el principal comprador de medicamentos y el responsable último de la implantación de medidas de control del gasto farmacéutico público.
Así, en la medida en que las políticas de contención del gasto afecten a los incentivos a la innovación, se estarán ahorrando costes farmacéuticos hoy, pero a costa de reducir el bienestar social futuro, pues¬to que una caída del esfuerzo innovador conllevará un menor desarrollo de nuevos fármacos.
Esta situación está ocurriendo hoy en España. Por muy sorprendente que pueda parecer, los medicamentos comercializa¬dos en nuestro país todavía no disfrutan de la misma protección de derechos de propiedad industrial que en los principales países de la Unión Europea.
La armonización de las patentes farmacéuticas debería convertirse en una prioridad absoluta del Gobierno si pretende tener credibilidad cuando habla de priorizar la inversión en I+D.
