El 26 de julio entró en vigor una nueva ley que tiene el objetivo de regular el ámbito farmacéutico, desde la industria hasta la dispensación de los medicamentos. La legislación, que recibe el nombre de Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento (comúnmente conocida como nueva Ley del Medicamento), se encuentra ahora en fase de desarrollo, mientras los representantes de los laboratorios intentan modificar unos preceptos que estrangulan económicamente al sector.
La intención principal del Ministero de Sanidad de Elena Salgado es evitar que el gasto sanitario y, en concreto, el gasto farmacéutico, continúe subiendo. Por ello, su política va dirigida a una contención del gasto, que tiene su máxima expresión en las medidas tendentes a disminuir el precio de los medicamentos mediante 1) la introducción de precios de referencia a la baja y 2) la prioridad de los fármacos genéricos frente a los innovadores.
Sin embargo, estas decisiones tienen su contrapartida. Durante un encuentro organizado por el despacho de abogados Garrigues, uno de los diputados que participó en la elaboración de la Ley de Garantías, Jordi Xuclà de Convergència y Unió, criticó la idea sobre la que se construyó este reglamento:
«Esta es una ley de contención del gasto farmacéutico. El Gobierno prefirió mantener la financiación pública de la sanidad, con un recorte importante a la industria farmacéutica. No es legítimo porque repercute sobre la capacidad de innovación y el dinamismo del sector y España no está en una posición que se permita recortes sobre la innovación. En fin, es una ley lesiva contra los intereses de la política industrial».
El quid de la cuestión se encuentra en la búsqueda de un equilibrio entre los intereses de la industria farmacéutica (obtener ingresos suficientes para poder seguir realizando su esfuerzo inversor en investigación) y los de la sanidad pública (contener el gasto para poder seguir financiando el sistema nacional de salud), ambos legítimos y necesarios para el buen funcionamiento del sistema.
Así pues, en el centro del debate se encuentra el precio de los medicamentos: la industria reclama precios justos para poder sufragar la investigación, mientras el Ministerio desarrolla políticas de rebajas en los precios. El director de Farmaindustria, Humberto Arnés, expresaba así a PD su reivindicación al respecto:
«Esta reciente Ley del Medicamento tiene un cierto desequilibrio en dos objetivos que a nosotros nos parece que deben tener el mismo nivel de prioridad en las decisiones gubernamentales: uno es la sostenibilidad de las cuentas públicas y el otro es el desarrollo económico, industrial e innovador de este sector. La ley mantiene una tendencia a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas en detrimento del desarrollo industrial».
La polémica continúa abierta y su resolución no es fácil dadas las diferentes percepciones que del problema tienen cada una de las partes. Lo expuesto hasta aquí es sólo la base de las implicaciones que la nueva ley introduce en el ámbito de los medicamentos. Continuaremos desentrañando este reglamento de aquí en adelante.
