El Comité Autonómico de Ética de la Junta de Andalucía ha emitido este viernes un dictamen en el que avala que se retire a Inmaculada Echevarría el respirador artificial que la mantiene con vida. Esta mujer, incapacitada por una distrofia muscular progresiva, pidió expresamente que no le mantuvieran con vida de forma artificial.
Echevarría, una mujer de 51 años con distrofia muscular progresiva ingresada en el hospital San Rafael de Granada, formuló oficialmente la solicitud de retirada del respirador el pasado 20 de noviembre. Posteriormente, la solicitud fue trasladada a la Delegación de Salud en Granada y al propio hospital, en el que vive desde hace 9 años conectada a un respirador.
En el dictamen, este órgano entiende que la solicitud de Echevarría se encuadra en una limitación del esfuerzo terapéutico, un derecho reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente, según fuentes de la Consejería de Salud.
Días antes de trasladar la petición, Echevarría firmó su testamento vital, un documento en el que expresó su voluntad de morir si se produjera un empeoramiento de su enfermedad y ella no tuviera conciencia sobre sus actos. El pasado octubre dijo:
«No acepto que haya medios que mantengan mi vida».
Ahora ha recibido «bien» el dictamen del Comité Autonómico de Ética de la Junta, según manifestó este viernes su letrado,
quien calificó la resolución de:
«Un paso sustancial, muy importante y que crea un precedente grande».
Advirtió, no obstante, de que aunque se trata de «un gran paso» no es el definitivo, ya que la Consejería de Salud ha pedido también su dictamen al Consejo Consultivo , según el abogado:
«Para dar mayor protección jurídica a la viabilidad de la desconexión».
Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente, César Caballero, que ha asesorado a Inmaculada en todo el proceso, dijo que este dictamen es «positivo» tanto para la enferma como para el futuro:
«Porque sienta un precedente para pacientes que en adelante se encuentren en una situación similar a la de Inmaculada y quieran hacer valer su derecho a morir dignamente».
Por su parte, uno de los vocales del Comité, Pablo Simón, explicó que no se trata de un caso de solicitud de eutanasia, sino de una decisión que «forma parte de la práctica habitual de muchos hospitales», como los enfermos oncológicos que rechazan continuar con la quimioterapia.
Añadió que se han tenido en cuenta dos informes psiquiátricos y psicológicos, que señalan que la enferma está capacitada para hacer esta petición y que el Comité precisa en su dictamen que antes de retirarle el respirador se debe garantizar que ha planteado su solicitud «de forma libre y autónoma» y que tiene «toda la información necesaria de lo que sucederá».
