(PD/Agencia EFE).- El gobierno chileno ha lanzado un aviso dirigido a las grandes cadenas de farmacias que se niegan a vender la píldora del día después. El ejecutivo de Bachelet ha advertido que usará todas las medidas legales e incluso la aplicación de nuevas multas para garantizar la disponibilidad del fármaco.
La polémica no cesa. Desde que en septiembre de 2006 la justicia chilena ratificara la decisión del Gobierno de distribuir de forma gratuita y sin necesidad del consentimiento paterno la píldora del día después para jóvenes entre 14 y 18 años los enfrentamientos entre conservadores y progresistas se han sucedido.
Una cuestión de «igualdad», como la calificó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se ha transformado en un motivo de enfrentamiento. Dos recursos de protección, la suspensión de la medida y, ahora, la negativa de las tres principales cadenas de farmacias a distribuir levonorgestrel, principio activo del producto.
Ante el plante, el gobierno chileno impuso la semana pasada una multa de 34.000 millones de pesos (47.000 euros) a cada una de estas empresas que se han amparado en el derecho a la objeción de conciencia para justificar su postura. SalcoBrand, una de ellas, publicó el pasado domingo un aviso en todos los periódicos del país transandino exigiendo respeto a su libertad para no suministrar la píldora.
En su declaración, la cadena farmacéutica señala además que se ve obligada a adquirir y distribuir el fármaco anticonceptivo, ante el riesgo de ser nuevamente sancionada.
Estos argumentos, basados en la creencia de que se trata de un fármaco abortivo, esgrimidos también por la Iglesia y los sectores conservadores chilenos, han sido cuestionados desde el Ministerio de Salud. La jefa de esta cartera, Soledad Barría, ha advertido que seguirá con las fiscalizaciones y que podrían imponerse nuevas sanciones.
«Las farmacias, como muchas entidades privadas, tienen un bien público que cumplir (…) Y por eso existe la capacidad del Estado de regular la acción de dichas farmacias. Ellas están obligadas a expender todo aquello que está en el Formulario Nacional de Medicamentos», señaló la ministra.
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico el Papa Benedicto XVI pedía los farmacéuticos católicos que no vendieran productos «inmorales».
Desde que se autorizó la entrega gratuita de la píldora del día después, primero a mujeres violadas y después a cualquiera que la solicite en los establecimientos del Sistema Público de Salud, la derecha ha recurrido con frecuencia a los tribunales, sin resultados hasta el momento, para tratar de que no entrara en vigor la medida.
El gobierno de Chile decidió la venta de la píldora a partir de los 14 años para evitar los embarazos adolescentes no deseados que han aumentado en el país y en el resto de Latinoamérica.
Según cifras oficiales, en Chile se registran unos 32.000 abortos cada año, cifra que se refiere sólo a mujeres atendidas en hospitales, aunque se considera que el número real supera los 100.000.
