(PD/EFE).- La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (ACAI) ha convocado entre hoy y el día 13 una huelga en todas sus clínicas que practican abortos para protestar por la «desprotección legal e institucional» en que se encuentran estos centros tras la investigación de supuestos abortos ilegales.
El cierre de las clínicas se produce después de que el pasado 17 de diciembre siete médicos fueran detenidos por su supuesta relación con la red de abortos ilegales dirigida por el doctor Carlos Morín desde las clínicas del grupo Gimenedex.
La ACAI, sin hacer referencia explícita a esas detenciones, ha emitido un comunicado en el que afirma que «tras los últimos acontecimientos que han ocurrido en referencia al aborto: las inspecciones, el cruce de acusaciones, la violencia, y la alarma social creada por grupos fundamentalistas religiosos, queremos denunciar la situación de desprotección en que han quedado las mujeres a causa de todo esto».
«Esta caza de brujas […] provoca una situación en la que las mujeres acaban siendo las víctimas, a las que no se les garantiza un derecho básico», añade la ACAI.
Trabajo, cuestionado
La asociación de clínicas abortistas considera que la situación que vive actualmente la sociedad en referencia al aborto «ha causado una inseguridad y cuestiona el trabajo de los profesionales que, durante más de 20 años, han ejercido su trabajo diario dentro de la legalidad vigente».
Esta situación, según ACAI, deja a los trabajadores de las clínicas en una posición donde es muy difícil continuar tanto desde el punto de vista legal como por la imagen social, dado que la ley actual establece una ambigüedad que desprotege tanto a las mujeres como a los profesionales que practican abortos».
La ACAI pide que se respete el derecho de las mujeres a recurrir al aborto, como una prestación sanitaria básica, dentro de la legalidad vigente y que se garantice la seguridad jurídica de los profesionales que practican abortos dentro de la legalidad vigente.
«Un derecho fundamental»
La organización pide asimismo una reforma de la ley para conseguir que «el aborto sea un derecho fundamental garantizado a todas las mujeres. Es decir, la práctica del aborto ha de emanar de la libre decisión de la mujer y ha de ser totalmente gratuito para abolir las desigualdades sociales».
La investigación llevada a cabo por presuntas prácticas de abortos ilegales en las clínicas Gimenedex motivó que el departamento de Salud iniciase el pasado mes de diciembre un proceso de inspección intensiva de las clínicas que realizan interrupciones del embarazo en Cataluña con el objeto de asegurarse de que sus prácticas se ajusten a la ley.
La voluntad del departamento de Salud con estas inspecciones era «cerciorarse de que la inmensa mayoría de los centros se ajustan a la ley y que sus praxis médicas son las adecuadas», han apuntado estas mismas fuentes.
