¿Qué haría el PP con el aborto y las células madres?

¿Qué haría el PP con el aborto y las células madres?

(PD/Agencias).- El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha preguntado al PP si cambiará la ley de interrupción voluntaria del embarazo o qué hará en materia de investigación con células madre si gana las próximas elecciones generales de marzo.

«Quisiera saber, en el retorno a una España del blanco y negro que es el mensaje percibimos del PP todos los días, qué va a pasar con la investigación con células madre, con las ayudas sociales, con la despenalización del aborto y una serie de victorias que ha conseguido la sociedad y que se han ampliado en esta legislatura, y quiero saber qué nos van a quitar», dijo Bernat Soria.

El ministro ha señalado que, en el caso de que sean los socialistas los que ganen las elecciones, tal y como recoge el programa electoral de su partido, se atenderá «el debate social» y se estudiará la modificación de la ley del aborto, siempre que haya «un consenso amplio».

«Durante veinte años hemos tenido una ley que ha permitido que la interrupción voluntaria del embarazo estuviese despenalizada, se atendiera esta necesidad y el sistema nacional prestara el servicio. En paralelo hay un debate social y la misión de cualquier gobierno es atender a la sensibilidad de la sociedad taria y se puede alcanzar un consenso amplio y se opta por una ley parecida a la alemana y se piensa que esa ley cubre mejor las necesidades pues a lo mejor es el momento; en caso contrario, continuamos cumpliendo con esta ley, que nos ha ayudado».

El ministro ha reconocido que, con esta ley, «han salido unos casos que están en manos de la justicia» y, al mismo tiempo, se ha generado «una virulencia en un sector de la sociedad que no mostraron durante los ocho años de Gobierno del PP, en los que no se cambió la ley».

En cualquier caso, no quiso opinar acerca de los casos denunciados y de la obligación de comparecer ante el juez de algunas mujeres que acudieron a las clínicas investigadas. «El tema está en una situación judicializada y soy respetuoso con la Justicia, pero estoy al lado de las mujeres y de quien esta desprotegido, y las mujeres en esta situación necesitan ayuda».

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió hoy, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, en que el Ejecutivo no va a «tolerar de ninguna manera que se vulneren derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la intimidad, ni el de los profesionales de la medicina».

«No vamos a permitir que se añada más dolor a las mujeres que al amparo de la ley adoptan la decisión dolorosa siempre de interrumpir un embarazo. El fiscal general del Estado ha dado instrucciones a la Fiscalía para que garantice el derecho a la intimidad de las mujeres y de los profesionales de la medicina en una investigación que se ha abierto. Vamos a dar seguridad a los profesionales y vamos a garantizar los derechos de las mujeres».

Respecto a la reforma de la ley del aborto, repitió que «en la agenda política del Gobierno no estaba la reforma de la ley» porque «ha venido funcionando durante todo este tiempo razonablemente bien, y por tanto no estaba ese debate». Sin embargo, dado que se ha reabierto ese debate el Ejecutivo esta dispuesto a «analizar el funcionamiento de esa ley, ver qué problemas tiene, hacer una reflexión, para en su caso adoptar las medidas necesarias para que la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país cumpla el objetivo que tiene que cumplir».

PRIVATIZACION DE HOSPITALES

Por otra parte, respecto a la intención de la Comunidad de Madrid, publicada hoy, de que sus nuevos cuatro hospitales tengan gestión privada, Soria señaló que se trata de «un error» por que «algo que es público no se puede convertir en un negocio. La salud no es un negocio y la gente ve con malos ojos, con razón, cuando se hacen negocios con la salud».

El ministro precisó que el Gobierno socialista defiende que «la sanidad pública no es un negocio, es un valor y tiene que estar en manos públicas. Por tanto, estos intentos de privatizar, que no es cambiar el modelo de gestión sino poner en manos de la empresa privada las decisiones de salud –puntualizó–, es un error».

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