Los ministros Soria y Bermejo respaldan clínicas abortistas cerradas e investigadas

(PD).-La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que reúne a 31 centros abortistas de toda España, tuvo ayer el privilegio de ser recibida, en el mismo día, por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Encuentros muy cordiales, en los que curiosamente estuvieron presentes representantes de clínicas que están siendo investigadas judicialmente.

Entre los presentes se encontraban las clínicas Dator, sobre la que pesan varias denuncias; El Bosque, investigada por supuestos abortos ilegales y otras irregularidades, e Isadora, en cuyos cubos de basura la Guardia Civil encontró todo tipos de restos clínicos y varios fetos de más de siete meses de gestación, circunstancia que se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario. Esta segunda causa es la que ha hecho que un Juzgado de Madrid llame a declarar en calidad de testigos a 25 mujeres, antiguas clientes de este centro. Además, la clínica Mayrit, cerrada cautelarmente por la Comunidad de Madrid, también pertenece a ACAI.

El Gobierno, con dos barajas

Al margen de que resulte extraño que dos ministros reciban a representantes directos de clínicas inmersas en procesos judiciales, lo cierto es que no es una sorpresa. El Gobierno está jugando con dos barajas, según opina Domingo Pérez en ABC.

Por un lado, para no disgustar a sus votantes católicos -en relación con 2004 ya habrían perdido más de medio millón de votos de este colectivo-, ha declinado incluir en su programa electoral cualquier reforma de la la ley del aborto. Cuando juega con estas cartas el discurso es: «La Ley ha funcionado todo este tiempo razonablemente bien y no hay previstos cambios».

Pero esta propuesta es demasiado tibia para los sectores feministas y sus votantes más extremistas. El Gobierno, para ganárselos, ha creado un segundo guión escenificado ayer a tres bandas por Bernat Soria, Mariano Fernández Bermejo y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Esta segunda vía queda ilustrada por las palabras pronunciadas por Soria en Punto Radio: «Después de las elecciones se estudiará la modificación de la ley del aborto para dar respuesta al debate social». Además, desveló cuál es la intención real del Gobierno, la de ir a una ley de plazos: «Se estudiará la modificación de la ley del aborto y, si se opta por una ley parecida a la alemana, pues a lo mejor es el momento de cambiarla».

Cada uno con su papel. Así, De la Vega repitió ayer en declaraciones a RNE que no va «tolerar que se vulneren los derechos fundamentales de las mujeres, como el de la intimidad. Ni que se añada más dolor a las mujeres». Para ello ha puesto a trabajar al Fiscal General del Estado. Y abrió la puerta a un cambio futuro: «Estamos dispuestos a adoptar las medidas necesarias para que la ley cumpla el objetivo que tiene que cumplir».

Y los de ACAI, mientras, felices. Escucharon todo tipo de parabienes de los ministros. Especialmente de Soria que, según las clínicas, se mostró «muy sensible y preocupado» y se comprometió a plantear el «debate del aborto» a las comunidades. ACAI, pese a que Bermejo garantizó la intimidad de las testigos citadas por los jueces, amenazó con una «gran cascada de autoinculpaciones que atascarán los juzgados». En este sentido, la Vicepresidencia de la Xunta gallega, en manos del BNG, decidió, según informa Érika Montañés, poner totalmente gratis sus servicios jurídicos a disposición de las mujeres que, como ocurrió en Vigo el martes, se autoinculpen de haber abortado al margen de la ley, o para aquéllas que han sido citadas «como testigos o imputadas» .

En este contexto, el Foro de la Familia acusó al Gobierno de «ponerse al servicio de presuntos delincuentes» y anunció que había solicitado a ambos ministros sendas reuniones «para reflexionar sobre cuestiones que atañen a la sociedad española en materia de familia y vida».

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