¿Se garantizará el aborto en Cataluña?

¿Se garantizará el aborto en Cataluña?

(PD).- «Todo centro público debe garantizar el aborto» es la apuesta de los asesores de Salut, en Cataluña. El Comitè de Bioètica recomienda regular la objeción del personal sanitario. Mientras, los expertos buscan reducir la inseguridad jurídica ante abortos como aquellos por malformaciones.

Tal y como publica La Vanguardia, el Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya (CBC), dependiente del Departament de Salut y que asesora a la Generalitat, recomienda regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios ante la interrupción del embarazo, pero subraya que todo centro de la red pública debe garantizar a una mujer el aborto dentro de los supuestos legales, de forma que, si sus médicos objetan, se le gestione el aborto en otro centro. Estas recomendaciones serán la base de varias propuestas para mejorar la política del aborto que la consellera de Salut, Marina Geli, planteará este jueves en el Parlament.

El Comitè de Bioètica, que preside la catedrática de Ética Victòria Camps, empezó a estudiar la situación del aborto el año pasado. Geli ya anunció que quería que la sanidad pública cubriera más abortos -casi todos en Catalunya se hacen en clínicas privadas, aunque Salut costea o subvenciona en parte el 22%-. Después, se inició la actuación judicial por supuestos abortos ilegales en un grupo de clínicas de Barcelona – y luego otra en Madrid-, que ha hecho aflorar una inseguridad jurídica.

Los aspectos que más preocupaban a Salut y encargó estudiar al CBC son cómo regular la objeción de conciencia que pueden alegar los profesionales para no interrumpir embarazos, y la atención a embarazadas con graves malformaciones fetales cuando pasan de la semana 22 de gestación y no pueden ya acogerse al supuesto legal que en España permite abortar por tal razón en ese plazo. En los últimos meses, han aumentado los casos de estas gestantes que deben abortar en el extranjero al negarles la atención los centros españoles por miedo a ser acusados de aborto ilegal.

Sobre la objeción de conciencia, el CBC determina que pueden alegarla médicos, enfermeras o comadronas individualmente; no un centro sanitario. Así, todo centro de la red pública debe asegurar a una paciente que, si un médico objeta, otro practique el aborto; si todos objetan, el centro debe enviarla a abortar a otro, sin desentenderse de ella.

Los expertos juzgan que no se puede objetar si el aborto es necesario para salvar la vida de la mujer; ni en la atención previa o posterior (informar, atender una hemorragia…); y que sólo objeta el personal implicado en el aborto (no una administrativa, por ejemplo). El comité señala que la objeción se debe formular de forma previa y general, no ante un caso.

Las valoraciones del CBC no son vinculantes, pero Salut les suele hacer caso. El informe no significa, sin embargo, que Salut vaya a plantear que todos los abortos se hagan en centros públicos; y menos cuando se cuestiona la legalidad de muchos hechos bajo el supuesto legal de riesgo para la salud de la madre. Lo que se busca son más garantías en los casos que se ajustan a la ley y reducir la inseguridad jurídica.

Así, el comité considera que si una gestante con malformaciones fetales no se puede acoger al supuesto legal de aborto antes de la semana 22 por superar ese plazo, eso no la excluye de que se analice si cumple los criterios para abortar por el supuesto de riesgo para la salud. El CBC propone que estos casos sean evaluados por los comités de ética de los hospitales y por expertos. El comité aún estudia otros aspectos.

Salut admitió ayer que ignora cuántos médicos son objetores. Un temor es que, dada la crisis actual, muchos objeten para evitarse problemas jurídicos. Según Salut, Geli propondrá en el Parlament medidas para mejorar la atención en todos estos aspectos, así como otras complementarias dentro de una amplia revisión del plan de salud reproductiva.

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