Psiquiatras y familiares piden que se obligue a los enfermos mentales a someterse a tratamiento

(PD).- «La he matado, ahora estarás callada; te quiero mucho», gritaba Ángelo, de 35 años, tras decapitar a su madre el pasado 14 de abril en Santo-mera (Murcia). Ángelo sufre esquizofrenia, al igual que 400.000 españoles.

El psiquiatra José Cabrera explica a Luis Marchal, de ADN, que de 1.300 homicidios anuales que se registran en España, «sólo un 1,3% son cometidos por personas que padecen esta enfermedad». Las cifras de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) indican que en uno de cada 250 delitos violentos participa un enfermo mental. «No se puede relacionar violencia con enfermedad mental», defiende José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES.

Revisión periódica

Tanto FEAFES como la Asociación Española de Patología Dual (AEPD) aconsejan una reforma legal que permita el tratamiento ambulatorio involuntario de los afectados que estén en situación grave y que se nieguen a tomar su medicación. El tratamiento adecuado de esta enfermedad mental reduce al mínimo las crisis psicóticas, responsables del comportamiento agresivo.

«Hemos luchado para poder reinsetarnos»

Joaquín Álvarez de 54 años padece esquizofrenia paranoide -la más común desde hace 30 años. En todo este tiempo no ha tenido ningún episodio violento.

Su mujer, Araceli Carrillo, de 50, asegura que el «día a día con él es igual que si tuviera otra enfermedad». Han tenido dos hijos y su marido ha cuidado de ellos. «A Joaquín le ha venido bien estar en su entorno. Hemos luchado para poder reinsertarnos en la sociedad», argumenta.

El 88% de los pacientes con trastorno mental vive con sus familias. Carrillo piensa que las personas con esquizofrenia cuyas familias piden que sean internadas en un centro por miedo a ellas «no han recibido un tratamiento adecuado». En su opinión, se necesitan más recursos.

«Resulta casi imposible encontrar un trabajo»

Clemente Martínez, de 50 años, era policía nacional. En 1993 sufrió un trastorno pos-traumático crónico generado por un fallido atentado terrorista. Pasó 36 meses esperando a que un tribunal policial le permitiera seguir con su trabajo. A los 30, dejó de cobrar su sueldo y tuvo problemas económicos. Todo esto le causó tal depresión que estuvo cuatro meses ingresado en un hospital.

«El estigma que rodea este tipo de enfermedades hace muy difícil establecer relaciones y casi imposible encontrar trabajo», explica Clemente.

Reivindica que las comunidades implanten la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2006, para que «las consejerías se unan y disminuyan el déficit que hay en empleo vivienda o educación» para los afectados.

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