(PD).- El cambio de escenario se ha debido a la entrada en vigor, el 2 de junio, de la Ley autonómica de Aseguramiento Sanitario que ha contado con el apoyo de populares y socialistas, y que pretende aumentar el control en el acceso a la asistencia sanitaria. En todo caso, no es de aplicación inmediata, sino que se respetará el periodo de vigencia de las tarjetas ya expedidas.
Hasta ahora, un resquicio de la sanidad pública valenciana abría las puertas de la atención gratuita los prejubilados británicos residentes en la Comunidad Valenciana sin preguntar demasiado por su situación.
Una categoría -denominada extensión a demanda- ideada inicialmente para servir de paraguas a personas que no habían cotizado a la Seguridad Social (viudas de militares o mujeres de profesionales liberales) se había convertido en un atajo en este colectivo para poder acceder así a los centros de salud y hospitales valencianos.
Con el certificado de empadronamiento, estas personas podían solicitar la tarjeta sanitaria indicando que no contaban con ninguna modalidad de aseguramiento ni recursos. De esta forma, de los 3.000 beneficiarios que encajaban en esta categoría en toda la autonomía, 1.600 eran residentes británicos, según el sistema informático de la Generalitat.
Esto explica las numerosas atenciones por cataratas, anginas de pecho o tratamientos circulatorios entre estas personas, con el consiguiente gasto para las arcas públicas valencianas.
