Los jueces obligarán a enfermos mentales a tomar la medicación

(PD).- El protocolo de medicación judicial impulsado por la Audiencia Provincial de Alicante servirá para someter a tratamiento ambulatorio involuntario a aquellas personas que sufren una alteración mental y que se niegan a tomar su medicación. Además, tendrá los objetivos de evitar ingresos innecesarios de enfermos mentales graves, dar mejor calidad de vida a la familia del paciente y al propio paciente, y superar el estigma de la enfermedad mental, según informaron hoy en un comunicado fuentes judiciales.

A esta conclusión llegaron hoy jueces, fiscales y facultativos durante la reunión convocada por el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, que tendrá su continuidad el próximo 26 de septiembre con otra junta a la que serán invitadas las asociaciones de familiares de enfermos mentales, para que puedan aportar su punto de vista al protocolo antes de que éste se cierre. Además, Vicente Magro señaló que estas asociaciones tendrán a su disposición un correo electrónico al que podrán enviar sus aportaciones, de forma que éstas ya habrán sido estudiadas por el equipo redactor antes de la próxima reunión.

El objetivo de la Audiencia es comenzar a aplicar el protocolo a finales de octubre o principios de noviembre en las juzgados de primera Instancia. No obstante, se reclamará a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas la creación de un Juzgado especializado para el año 2009, situado en Alicante.

Al encuentro, asistió además el juez decano, Juan Carlos Cerón, el secretario coordinador de los juzgados, Manuel Cerdán, los directores territoriales de Justicia y Sanidad de la Generalitat Valenciana, Eduardo Ruiz y José Vicente García, la jefa de la Unidad de Psiquiatría del Hospital de San Juan, María Angusias Oliveras, el director del Instituto de Medicina Legal, Rafael Bañón, así como distintos fiscales y representantes del Colegio de Abogados y de la Oficina de Medidas Alternativas de la Audiencia Provincial,

Para Vicente Magro, la reunión de hoy sirvió para «fijar las bases de un diseño de la sistemática de actuación y para configurar un protocolo de coordinación para el tratamiento ambulatorio involuntario», es decir la intervención judicial en los casos de personas que tengan un trastorno mental grave y se nieguen a tomar la medicación previamente prescrita por un médico.

De este modo, Magro indicó que el fin del protocolo es el de «mejorar la calidad de vida de muchas familias que tienen una persona que se niega a medicarse y las consecuencias que de ello siempre se derivan, buscando una alternativa a la única medida actual que existe, como es el internamiento en un centro hospitalario».

El presidente de la Audiencia Provincial añadió que el internamiento se seguirá aplicando en los casos en que así se estime, pero apuntó que «es ineficaz para quienes persisten en la decisión de no medicarse, pese a necesitarlo», y será aquí donde entre en juego el protocolo de medicación judicial que habilitará a un juez para que obligue al enfermo a tomar la medicación y desarrollará un mecanismo para conseguir este fin que contará con la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Local en caso de que fuera necesario.

Durante la reunión de esta mañana se repartió las áreas que deberán estar desarrolladas para la próxima junta del 26 de septiembre, y que se centrarán en estudiar la cobertura legal para su puesta en marcha; clarificar quién puede solicitar la medida de medicación judicial y cómo y dónde se presenta la solicitud, así como los documentos que deben aportarse. También se acordó redactar los mecanismos que permiten saber qué personas padecen un trastorno mental grave y cuales no y la sistemática de actuación judicial una vez presentada la solicitud; es decir, intervención del forense, reconocimiento del juez, aportación de informes médicos, y cómo actuar médicamente una vez que el juez conceda la autorización.

Por último se elaborará el procedimiento médico a seguir cuando el juez conceda la autorización, para lo que la dirección territorial de Sanidad elaborará un listado de centros de salud colaboradores a donde se podrá acudir para dispensar medicación a las personas que lo precisen, y cómo se actuará cuando la medicalización sea forzada, con intervención de policía local o guardia civil.

Durante la reunión de esta mañana, la Jefa de la unidad de psiquiatría Maria Angustias Oliveras expuso que a lo largo de su vida una de cada 100 personas tiene un trastorno mental grave y que de cada cuatro personas con esta problemática solo toma la medicación una. Por tanto, se calcula que solo en la ciudad de Alicante podría haber entre 1.000 y 1.500 persona que se niegan a tomar medicación.

Oliveras explicó además que con este protocolo «no se trata de criminalizar la conducta de personas con trastorno mental grave, sino mejorar la calidad de vida de muchas familias en donde existe este problema». También señaló que en los centros de salud de Alicante se detectan numerosos casos de familiares que acuden a ellos relatando episodios de violencia familiar como consecuencia de la falta de medicación, «por lo que estos casos se resuelven mejor por la vía de la medicación judicial obligatoria que con medidas penales de ordenes de alejamiento e incoación de diligencias penales que concluyen en un juicio penal y una condena».

Europa Press

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