(PD).- Los laboratorios piden endurecer las penas que castigan la falsificación de fármacos, un negocio muy lucrativo que podría ya mover los 40.000 millones de euros en el mundo.
Abrir un expediente disciplinario o informativo a una red de traficantes que se dedican a falsificar medicamentos a gran escala y venderlos en canales no autorizados en España, como Internet, es poco menos que invitarles a que prosigan su actividad delictiva pero en otra dirección web.
Esto es lo que estaría ocurriendo con el creciente fraude de la falsificación de medicamentos, un delito que supone un atentado contra la salud pública y que está poniendo en riesgo a muchos ciudadanos que acuden a la red o a otros canales ilegales para comprar anabolizantes, esteroides o soluciones para su impotencia sexual, calvicie u obesidad.
Hay que tener en cuenta que el 60% de los fármacos que se compran a través de Internet son falsos, según un informe de la Alianza Europea para el Acceso a Medicamentos Seguros, y que las previsiones de este mercado ilegal son al alza. Según la Organización Mundial de la Salud, las ventas en el mundo de fármacos falsificados alcanzarán los 75.000 millones de dólares en 2010, y los Gobiernos todavía no tienen una respuesta clara para frenarlas.
El director general de Farmaindustria, Huberto Arnés, aseguró ayer en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander que hace falta desarrollar una legislación europea que tipifique los delitos por falsificaciones y equipare las sanciones al mismo nivel de lo que ocurre con el tráfico de drogas.
No es, desde luego, ninguna exageración. Sólo hay que ver los ingredientes de algunos fármacos falsificados, en los que incluso se ha encontrado polvo de ladrillo. En el mejor de los casos carecen de principio activo y, por lo tanto, de efecto terapéutico, por lo que el efecto para la salud es nulo.
Regina Múzquiz, directora de Relaciones Institucionales de Sanofi-aventis, se preguntó ayer también, durante el encuentro organizado por Farmaindustria, si las sanciones previstas por la legislación española son disuasorias. A juzgar por las experiencias desarrolladas por las distintas comunidades autónomas, los castigos son claramente insuficientes.
Aunque las administraciones están poniendo en marcha campañas informativas se requiere algo más que buena voluntad. La consulta legal abierta en marzo por la Unión Europea para combatir las falsificaciones mediante acciones conjuntas entre los estados es, sin duda, parte de la solución para erradicar una plaga que amenaza los sistemas de salud porque, no hay que olvidar, que las falsificaciones han entrado ya en el cadena oficial del medicamento aunque España, por ahora, no se haya visto afectada.
