Andalucía inicia los trámites para una muerte digna

(PD).- Tras la decisión tomada antes de las vacaciones estivales, el Consejo de Gobierno de la Junta ha empezado a tramitar el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte. Esta norma hará prevalecer, dentro de la legalidad vigente, los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso. El Gobierno andaluz prevé remitir el texto para su tramitación parlamentaria antes de junio de 2009.

La consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, ha aclarado que la futura ley solventa situaciones como la vivida el pasado año con Inmaculada Echeverría. La Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente la citada orden religiosa, a otro centro de titularidad pública, donde se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.

Montero, quien avanzó que el barómetro sanitario de 2007 revela que más del 93% de los andaluces encuestados coincide en que «todo el mundo tiene derecho a morir dignamente». Y recalcó que en el texto legal prima la autonomía y voluntad del paciente, por encima de otras consideraciones que pudiesen plantear las instituciones sanitarias.

En cualquier caso, la titular del ramo quiso dejar claro que quedará fuera del paragüas legal del futuro texto normativo la eutanasia activa: «la comunidad no tiene competencia para legislar en esta materia, además de que está tipificado como delito dentro del Código Penal».

La próxima ley andaluza, «primera de estas características» que se aprobará en el conjunto del país, hará prevalecer los derechos del paciente cuando éste exprese su deseo de limitar las medidas de soporte vital cuando impliquen una obstinación o encarnizamiento terapéutico. Además, la norma también establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, «aunque ello pueda poner en peligro su vida».

Obligaciones de los profesionales

El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar también sus decisiones sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica, así como de ofrecer al paciente todas las intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado.

De acuerdo con el anteproyecto, entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no, si así lo desea el enfermo, información clínica comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con objetivo de ayudarle en la toma de decisiones.

El texto también regulará el derecho del ciudadano a recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.

Una habitación individual

Según Montero, se recogerá el derecho de estos pacientes a ser hospitalizados en una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado. Los centros tendrán un período de dos años para garantizar este derecho.

Asimismo, el enfermo podrá estar acompañado «en todo momento» por su familia durante el proceso de la muerte.

La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también están garantizadas.

Europa Press

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