El Gobierno ZP baraja otro supuesto para abortar: «Conflicto personal»

(PD).- No es la primera vez que el Gobierno socialista plantea una revisión de la legislación que regula la interrupción voluntaria del embarazo en España.

Por el contrario y como subraya M.J. Pérez Barco en ABC, el camino que acaba de iniciar el Ejecutivo estos días para elaborar una nueva ley del aborto es la quinta ocasión en la que el PSOE intenta dar un giro a la normativa.

Y en el debate entre una ley de plazos (la posibilidad de la que siempre se habla más) o ampliar los supuestos en los que las mujeres puedan abortar amparadas por la ley, los socialistas siempre se han decantado por esta última opción.

Incluso ayer lo dejó caer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros dijo a los periodistas que «si necesitamos o no una ley de plazos o supuestos es algo que deben determinar los expertos y finalmente decidir las Cortes».

Hasta ahora y a lo largo de la historia de la democracia, el PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados cuatro iniciativas legislativas (en 1995, 1996, 1998 y 2000) que apenas han variado un ápice en su contenido y en el texto durante trece años. Y en todas ellas apostó por los tres supuestos hoy despenalizados en nuestra legislación más un cuarto.

Este último permitía que la mujer interrumpiera su gestación siempre que el embarazo «suponga un conflicto personal, familiar o social de gravedad semejante» a los tres supuestos que ahora están en vigor.

Figura el asesoramiento
En este caso, el aborto se puede practicar dentro de las doce primeras semanas de embarazo, siempre que se acredite con un certificado médico. Pero la mujer debía acudir previamente a un centro asistencial y de asesoramiento autorizado.

Para dar cabida en nuestra legislación a este cuarto supuesto el PSOE proponía la introducción de una nueva figura: el asesoramiento. Es decir, la mujer que quisiera abortar por un conflicto personal, familiar o social debía ser antes «oída en entrevista» para explicar su situación y recibir ayuda para solucionar su «conflicto».

Se le informaría entonces desde las posibilidades que existen para la adopción y el acogimiento familiar, hasta las ayudas familiares, económicas y sociales disponibles y, también, tendría asesoramiento sobre aspectos jurídicos y médicos.

Apostó así el PSOE por una fórmula híbrida entre las legislaciones vigentes en los países europeos.

Algo que incluso reconocía en la exposición de motivos de cada una de las cuatro propuestas que realizó. Su solución a una nueva ley del aborto -que además enmarcaba fuera del Código Penal- se inspiraba en el modelo alemán e italiano.

Los socialistas explicaron que la mayoría de los países europeos regulan el aborto optando a una «cláusula general de necesidad», que justificaría que la madre por un «conflicto personal, familiar o social» decidiera interrumpir su embarazo.

Sin embargo, en 1992, Alemania no eligió esa posibilidad sino una ley de plazos que fue declarada poco después inconstitucional. Tuvo que intervenir el propio Tribunal Constitucional alemán en la regulación del aborto.

Ordenó entonces que también «por la indicación de necesidad» se regulara la figura del asesoramiento. De tal forma que hoy las alemanas deben dejarse informar en un consultorio de ayuda familiar para conocer las alternativas, alcance médico y consecuencias psicológicas de cualquier decisión que adopten ante esta situación. Después tienen cuatro días de reflexión para tomar una determinación.

No era una ley «abortista»
El PSOE esgrimía en sus propuestas que no presentaba una ley «abortista, ninguna de las leyes existentes en nuestro entorno lo son, por ello y por convicción, la nuestra no podría serlo jamás».

Las proposiciones argumentaban que «se trata únicamente de afrontar una situación de conflicto grave» y que pretendían «buscar soluciones que pasan por dar apoyo, ayuda, información y capacidad de prevención a la mujer para que pueda resolver su conflicto de la forma más responsable y serena».

La propuesta más antigua, la de 1995, fue presentada por el propio Gobierno socialista a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Esta, en su dictamen final, aprobó el proyecto de ley -en las tres ocasiones posteriores el PSOE optó por proposiciones de ley- incluyendo el cuarto supuesto de aborto en caso de «conflicto personal, familiar o social de gravedad», acompañado de la necesidad de dar un asesoramiento a la madre.

El informe de la Comisión llegó al Pleno, que lo aprobó sin introducir ninguna modificación. Pero la iniciativa no siguió su trámite parlamentario en el Senado, ya que se convocaron elecciones generales.

El resto de las iniciativas recogen los requisitos mínimos que deben ofrecer los centros acreditados para practicar un aborto, tanto públicos como privados.

Por ejemplo, tipo de profesionales, unidades médicas… También se regulan las condiciones de los denominados centros de asistencia y asesoramiento, que son los que prestan ayuda a la mujer embarazada para que tome una decisión sobre su situación. De hecho, el texto explica que estas entidades deben «garantizar una eficaz protección de la vida del aún no nacido».

Por eso informarán a las madres de todos los recursos disponibles: desde salarios de inserción social, ayudas a la vivienda, recursos para familias monoparentales e, incluso, medios para prevenir futuros embarazos.

Por último, el PSOE preveía la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación dentro del Sistema Nacional de Salud.

La selección de las mejores marcas de termómetros

TERMÓMETROS CLÍNICOS

Aquí encontrarás la oferta actualizada de estos dispositivos de salud

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído