Ayer ante el pleno del Parlamento Andaluz la consejera de Educación, Teresa Jiménez prefirió ignorar la investigación abierta por la Fiscalía de Sevilla, la reprimenda de la Consejería de Igualdad y la queja iniciada por el Defensor del Pueblo Andaluz alegando que «no se publicó una relación de objetores, sino una relación de expedientes».
La Fiscalía y el Defensor la investigan e Igualdad la amonestó, pero Jiménez alega que lo que publicó el BOJA eran expedientes y no una relación de alumnos objetores.
El portavoz de Educación, Santiago Pérez, además de recordar que esa publicacíón afecta a la intimidad de los objetores y conculca gravemente los derechos de los menores, afirmó que la estrategia de la Consejería de Educación es «estigmatizar y amedrentar» a los que no opinan como ellos y «señalarlos con el dedo».
La consejera de Educación, Teresa Jiménez en relación a la polémica publicación en el BOJA de los nombres de 81 menores objetores de EpC, ya había reconocido que «podríamos haberlo hecho de otra manera». Micaela Navarro, consejera para la Igualdad a quien corresponden las competencias sobre protección de menores en Andalucía, afirmó que «la publicación de los nombres de los niños objetores en el BOJA no tenía que haberse producido porque hay que proteger siempre la identidad del menor por encima de cualquier otra circunstancias» e informó que su departamento ya se ha puesto en contacto con la consejera de Educación, Teresa Jiménez, para tratar el asunto.
Navarro antepone así el interés de los menores al partidista y vuelve a discrepar de su compañera de gabinete. Para la consejera de Igualdad, su postura en este sentido, como en cualquier otro en el que puedan verse afectado menores, «es la misma independientemente de dónde haya surgido el error: que hay que proteger la identidad del menor por encima de cualquier otra circunstancia».
