(PD).- El presidente de la República de Italia, Giorgio Napolitano, ha expresado hoy en una carta dirigida al primer ministro, Silvio Berlusconi, su rechazo a firmar el decreto urgente redactado por el Gabinete de Berlusconi que debate el Consejo de Ministros y que contempla prohibir la suspensión de la alimentación e hidratación artificial a cualquier enfermo, según informan los medios de comunicación locales.
Napolitano tiene capacidad para vetar los decretos del Gobierno. El Ejecutivo italiano lucha contrarreloj para lograr sacar adelante el texto, ya que esta misma mañana el equipo médico que se ha ofrecido a desconectar a Eluana Englaro en una clínica de Udine (norte) ha empezado a reducirle la alimentación.
Ese decreto urgente trata de evitar que se cumpla la sentencia del Tribunal de Apelación de Milán, confirmada por el Supremo, que autoriza a la familia de Eluana a suspenderle la alimentación e hidratación artificial. Es el deseo de la familia Englaro, tal y como dijo ayer su padre en una entrevista en la televisión pública RAI.
Beppino Englaro aseguró ante las cámaras: «Cuando Eluana no esté con nosotros, volveré a una dimensión humana. He vivido en una dimensión inhumana».
Pero Berlusconi y su Ejecutivo se resisten a que se cumpla el deseo de la familia de la mujer, en coma desde 1992 tras sufrir un accidente de tráfico, pese a que en un principio se habían mostrado partidarios de aceptar la decisión familiar.
Eluana se encuentra desde el pasado martes en la clínica La Quiete de Udine. El equipo médico ha previsto un estricto protocolo que ha comenzado esta mañana, tres días después del ingreso de la mujer en el centro médico, con la reducción de un 50% de su alimentación. Según su neurólogo, Carlos Alberto De Fanti, la muerte será «lenta» y debería llegarle en unas tres semanas.
El Vaticano ha criticado duramente la decisión y habla de «abominable asesinato». El cardenal Javier Lozano Barragán ha pedido al Gobierno que «detenga la mano asesina» y el secretario de Estado de Interior, Alfredo Mantovano, ha asegurado que se trata de «la primera condena a muerte vista en Italia desde 1948».
