(PD).- La Fiscalía de Tarragona pide 10 años de prisión por un presunto delito de homicidio, así como la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena, para Marcos A.H.G., un médico despedido del hospital comarcal de Móra d’Ebre acusado de ayudar a morir a una enferma terminal.
Por su parte, la defensa del acusado solicita la absolución del facultativo al entender que los hechos no son constitutivos de delito, ya que fue la propia paciente quien «pidió reiteradamente que se acabara con su sufrimiento».
El juicio por estos hechos comenzará el próximo 23 de marzo en la Audiencia de Tarragona con la elección del jurado popular, y al día siguiente está prevista la declaración del acusado.
Los hechos se remontan al 28 de marzo de 2005, cuando la víctima, Carmen C.R., de 82 años, ingresó en situación terminal en el hospital comarcal de Móra d’Ebre tras sufrir un infarto de miocardio.
En sus conclusiones previas, el fiscal relata que la madrugada siguiente, el acusado, que no tiene antecedentes penales, «aprovechó el estado de inconsciencia» de la mujer para suministrarle por vía intravenosa 60 miligramos de cloruro potásico «a sabiendas del efecto letal de esta sustancia», lo que le provocó la muerte al instante.
La defensa, por su parte, afirma que la paciente «pidió reiteradamente que se acabara con su sufrimiento» y se pudiera fin a su vida, y que los dos hijos de la anciana, que han renunciado a personarse en la causa contra el médico, «hicieron lo propio».
En este sentido, asegura que Marcos A.H.G. «acordó junto a los familiares de la paciente dejar de administrarle tratamiento terapéutico dada la gravedad de su patología y aplicarle una pauta de sedación a la espera de un fallo multiorgánico».
Incluso el hijo de la víctima, Jaume S., ha manifestado, según el abogado defensor, que «en todo momento consideraron que la actuación del doctor y del hospital fue correcta y que le ha sorprendido ahora tener que ir al juzgado a declarar».
Según la defensa, en la grave situación en que se encontraba la paciente, el fallecimiento podía producirse «en cualquier momento, concretamente en cuestión de minutos o de horas».
El Ministerio Público, en cambio, insiste en que el acusado actuó «sin que existiera previo consentimiento de la paciente o de sus familiares y obrando en contra de las normas de actuación profesionales médicas para afrontar la muerte de los pacientes en estado terminal».
Fue la dirección del centro hospitalario de Móra d’Ebre, gestionado por el grupo Sagessa, quien puso en conocimiento de las autoridades judiciales este presunto caso de eutanasia y decidió despedir al facultativo por una «negligencia grave».
Además del acusado, en el juicio testificarán los hijos de la víctima y diversos médicos forenses, entre otros.
