(PD).- El Hospital Universitario de Canarias mantiene en su puesto a un Jefe de Servicio denunciado por Fiscalía por delitos de homicidio y lesiones imprudentes, y al que una auditoría recomendo sustituir hace años por malos resultados.
Hace ahora un año saltó a las portadas de los principales periódicos la existencia de un porcentaje de fallecimientos inaceptables en un hospital público español. Un hecho idéntico al sucedido en Reino Unido hace quince años. En aquel episodio, un miembro del servicio de cirugía cardiaca de Bristol advirtió a su gerente de que estaban falleciendo el doble de pacientes de lo normal en el servicio. En lugar de tomar medidas, el gerente cesó al médico denunciante y mantuvo en secreto la situación. Tres años más tarde, a raíz de denuncias de familiares el asunto saltó a los medios y se realizó una investigación que se saldó con el despido fulminante del gerente, la inhabilitación profesional permanente del jefe del servicio, y unas sanciones sin precedentes.
En nuestro país se ha recorrido solo parte de este camino. El cirujano que advirtió del problema también fue apartado de su trabajo mediante un despido fulminante, que los tribunales declararon improcedente. Pero a diferencia del Reino Unido, una vez conocida la realidad en Canarias no se ha tocado al personal de confianza. Con cifras de mortalidad del servicio que eran hasta 7 veces las esperadas, sistemáticamente negadas por los responsables del servicio y del hospital durante años, tanto el gerente como el jefe de servicio se han aferrado a sus cargos con la complacencia y el apoyo de la Consejería de Sanidad. Y todo a pesar de que el cirujano jefe del servicio ha sido identificado por una auditoría externa como el causante de la elevada mortalidad, la existencia de más de 15 reclamaciones patrimoniales al servicio canario de salud por sus actuaciones, y la denunciado presentada por parte de la Fiscalía Provincial contra el Jefe de Servicio por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes.
Los hechos sucedieron en el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, dependiente del Servicio Canario de Salud. Al menos desde el año 2005 las cifras de mortalidad de dicho servicio superan en más del doble a la media nacional. Según la auditoría el centro disponía de recursos y dotaciones adecuados y los pacientes que operaban no eran de más riesgo que los intervenidos en otros centros, sino incluso más sencillos. Esta auditoría, realizada bajo la tutela de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, concluye que al menos la mitad de los 72 pacientes fallecidos entre 2005 y 2006 son un exceso de muertes que justificada la gravedad de los pacientes.
El primer aviso de esta situación “anómala” partió del propio servicio. Uno de los cirujanos integrantes, el Dr. Díaz de Tuesta, advirtió a la Gerencia durante los primeros meses del año 2005 de que la mortalidad real era muy superior a la “oficial” reconocida por el centro, especialmente en casos de bajo riesgo. La gerencia defendía que el servicio era uno de los mejores de España y Europa, con una mortalidad que apenas rozaba el 1% frente al 7% del resto del país. El cirujano discrepante notificó internamente que esas cifras no eran ciertas, y que la situación real lejos de ser la idílica que promulgaba el centro, era preocupante con una mortalidad global superior al 15%, y alguno de sus cirujanos por encima del 30%.
El cirujano que advirtió de la situación fue cesado fulminantemente de todas sus funciones y apartado de la actividad médica y quirúrgica. Momento a partir del cual los resultados del servicio empeoraron aún más. El último semestre del año 2005 se saldó con un 17% de pacientes fallecidos, y a principios de 2006 fallecían más del 20%. Pese a ello, la gerencia y la consejería de sanidad insistieron en dar cifras irreales en sus memorias anuales: 0’8% de mortalidad en 2004, 1’5% en 2005 y 0’7% en 2006.
El cirujano denunciante continuó enviando escritos internos a la dirección médica y a la gerencia advirtiendo del progresivo deterioro de los resultados y la necesidad de tomar medidas urgentes, hasta que fue despido poco después de que sus cartas llegaran a la presidenta del Consorcio Sanitario, presidido por la concejal de coalición canaria Cristina Valido.
El cirujano despedido siguió enviando escritos a los representantes políticos del gobierno regional, y finalmente en noviembre de 2006 al Diputado del Común (defensor del pueblo canario). La insistencia del cirujano fue origen de una pregunta en Pleno del Parlamento Regional a María del Mar Julios, Consejera de Sanidad, en diciembre de 2006, quien “negó tajantemente que un paciente que se opere de cirugía cardiaca en el HUC tenga el doble de riesgo que en cualquier otro centro nacional” y prometió una auditoría para demostrarlo.
Finalmente la auditoría se realizó, bajo la tutela de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular. Fue encargada a dos cardiocirujanos prestigiosos de Madrid y Barcelona. Pero su resultado se mantuvo en secreto por parte del Hospital a pesar de la insistencia de grupos políticos y mediáticos para conocer el informe. Según la Gerencia del centro la auditoría demostraba que “los resultados eran tolerables” y todo era un revuelo “por un problema laboral” en referencia al cirujano despedido.
El secreto del informe de auditoría se desveló un año más tarde, en marzo de 2008, con la publicación de varios medios del contenido de la auditoría, cuyos resultados eran muy diferentes a los declarados por el Gerente. La auditoría advertía de una situación muy preocupante, con “malos resultados quirúrgicos, algunos inaceptables bajo cualquier pretexto”. Las cifras de mortalidad excedían en 2 ó 3 veces la media nacional, y en algunas patologías hasta en 7 veces. Así, para cirugía de 2 válvulas, en la que se esperaba un 8% de fallecidos, los auditores encontraron más del 50%. En cirugía de la válvula aórtica se esperaba un 5% y hallaron un 20%. En válvula mitral, un 15%, y así una tras otras en todas las intervenciones, concluyendo que la situación era muy preocupante.
La auditoría recalcaba que lo realmente preocupante no era solo el volumen de fallecidos, sino que “pacientes de riesgo realmente muy bajo han fallecido”. En todas las áreas analizadas y todos los grupos de riesgo, la mortalidad resultó ser al menos el doble que de la que se debería haber tenido. De todo ello, hacía responsable al jefe de servicio, de quien se aseguraba que no se encontraba capacitado para responsabilizarse del equipo. Como conclusión, la auditoría propuso el nombramiento de otro jefe del departamento, preferentemente alguien de fuera de Canarias para “evitar soluciones endogámicas».
El resultado de la auditoría fue puesto en duda por los responsables políticos del centro, los mismos que hasta ese momento habían mantenido que según la auditoría los resultados eran “aceptables”, hasta que el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular saltó a la palestra defendiendo su rigor y exactitud. El siguiente paso de la Consejera Mercedes Roldós fue comparecer en el Parlamento para amenazar públicamente a todos los medios que publicasen noticias sobre la auditoría. Acto seguido, el centro sacó una “contraauditoría” que rebajaba el número de fallecidos a menos de la mitad, empleando un sistema de recuento de fallecidos diferente al empleado en todos los centros.
Entre todas estas maniobras, varios pacientes, agrupados en una asociación, han presentado desde septiembre de 2008 varias reclamaciones patrimoniales a la Consejería por secuelas graves o fallecimiento de familiares como consecuencia de intervenciones realizadas por el Jefe de Servicio. En una maniobra sin precedentes, la Consejería acaba de responder a todas estas reclamaciones negándose a investigar los hechos por considerarlos prescritos, ya que según este organismo los pacientes debían haber reclamado en 2005 a pesar de que la situación del servicio hubiese permanecido oculta. La asociación de víctimas del servicio ha anunciado que recurrirá esta sorprendente decisión ante los tribunales.
El último paso contra este clima de impunidad lo ha dado la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, quien a través de su Fiscal Jefe Carmen Almendral, ha interpuesto una demanda por homicidio y lesiones imprudentes contra el Jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular, Dr. R. Martínez Sanz, a raíz de varios escritos presentados por la comisión deontológico del colegio de médicos y la asociación de pacientes contra su actuación en casos concretos.
A pesar de todas las evidencias, parece que el resultado final de todo este proceso es que el Jefe de Servicio, que declara abiertamente a los medios tener amigos influyentes en el Parlamento, se mantiene en su puesto contra viento y marea, al igual que el Gerente y el Director del Centro. A diferencia de lo sucedido en Reino Unido, no ha habido ceses ni dimisiones. De nada parece servir una auditoría que hace más de 2 años recomendó la sustitución del Jefe de Servicio, demandas patrimoniales por más de 4 millones de euros contra el Hospital por sus actuaciones, o una demanda de Fiscalía por homicidio y lesiones imprudentes, o las contrastadas falsas informaciones y testimonios de responsables del centro.
A la postre, el único cambio efectuado en el servicio fue la eliminación del cirujano que advirtió de la situación, del “pepito grillo” que además según los datos de la auditoría fue el único con mortalidad aceptable durante el periodo analizado. Un despido que fue declarado improcedente por los tribunales, que condenó al centro a su readmisión o indemnización por más de 12 años trabajados, opción esta última por la que optó el centro a pesar de la escasez de cardiocirujanos. Parecería que el negarse ser cómplice de presuntos delitos tiene consecuencias en algunos centros públicos.
Sin embargo, la peor parte la han tenido y la seguirán teniendo los pacientes, a los que se sigue ocultando la realidad de lo que pasa en el servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias.
