"Atenta contra la Sanidad"

Los médicos españoles denuncian el ‘Decreto Illa’ ante el Parlamento Europeo

Los colegios profesionales piden una investigación por vulnerar la normativa comunitaria vigente

Los médicos españoles denuncian el 'Decreto Illa' ante el Parlamento Europeo
Salvador Illa. PD

Los médicos, perdida toda confianza en muchas instituiciones españolas, apelan ahora al Parlamento europe.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) una solicitud de investigación por vulneración del Derecho de la Unión al respecto del Real Decreto Ley (RDL) 29/2020 de medidas urgentes de Recursos Humanos (RRHH) en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la COVID-19 en lo que respecta a los profesionales sanitarios.

Ante la inquietud y preocupación por el deterioro que puede ocasionarse al soporte asistencial médico en España con la aplicación del RDL 29/2020, y en base a la Declaración de esta corporación con fecha de 3 de octubre, el CGCOM eleva esta solicitud para una toma de posición del PE en orden a corregir la alarmante situación descrita en el texto legal, en razón a la importancia de los intereses y bienes jurídicos protegidos en juego.

El objetivo del CGCOM es frenar así “el atentado que supone el RDL 29/2020, no sólo a la normativa estatal española, sino también a la comunitaria”. El escrito, enviado a la presidenta de la Comisión de Reclamaciones del PE, con fecha de 23 de noviembre, solicita igualmente que se transmita a la Comisión Europea la petición de investigación del posible incumplimiento por parte de España de las normas comunitarias.

Es el caso —denuncian— de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento y del Consejo, sobre libre circulación de profesionales sanitarios; Directiva 93/16/CEE del Consejo, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos y la Directiva 86/457/CEE del Consejo, relativa a una formación específica en Medicina General, destacan las fuentes del CGCOM.

La corporación médica considera que el texto aprobado por el Ejecutivo español “vulnera las orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19, según las recomendaciones relativas a la directiva 2005/36/CE” ya que se desvirtúan normas básicas.

“Esta directiva —señalan desde el Consejo General de Colegios de Médicos de España— establece normas sobre el reconocimiento trasfronterizo de las cualificaciones profesionales. En el caso de determinadas profesiones sectoriales, como los médicos, la Directiva también establece requisitos mínimos de formación a nivel de la Unión Europea”.

En este texto también se alude a distintos puntos que deben de ser los que guíen a los Estados miembros a la hora de estudiar medidas para abordar la escasez inmediata de personal o medidas para formar a futuros profesionales sanitarios. También alude el CGCOM al reconocimiento de los profesionales sanitarios con cualificaciones pendientes de países no pertenecientes a la UE/Asociación Europea de Libre Comercio.

“Este reconocimiento —explica el CGCOM— se concede de conformidad con los procedimientos de los Estados miembros. En el caso de las profesiones sanitarias en las que los requisitos mínimos de formación están armonizados a escala de la Unión Europea, incluidos médicos y enfermeros responsables de cuidados generales, deben respetarse los requisitos mínimos de formación de la UE.”

Y añaden: “Si los profesionales tienen una cualificación de un país no perteneciente a la UE, en una de las profesiones que no cumple con los requisitos armonizados, el Estado miembro que tenga intención de reconocerla debe aplicar medidas compensatorias. Estos profesionales pueden ser autorizados a trabajar en la asistencia sanitaria, pero sin ser tratados como miembro de una profesión para la que no cumplen las normas de cualificación de la directiva”.

En este sentido “los Estados miembros podrán emplear a profesionales sanitarios con diplomas de terceros países, bien garantizando que sus cualificaciones profesionales cumplan los requisitos mínimos de formación a nivel de la Unión Europea o bien concediéndoles un estatuto diferente al de miembro de una de las profesiones para las que los requisitos mínimos de formación están armonizados en la UE”, añaden.

“El CGCOM se reitera en el rechazo a este RDL, como grave error la concesión, aún temporal, de las competencias de los médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulación, en aras de la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes, y que nos sitúa fuera de la normativa europea, especialmente de las Recomendaciones de la Directiva 2005/36/CE sobre libre circulación de profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra el COVID19 (2020/C 156/01).”

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