La paisana, ademas de sectaria, es una inepta.
Incapaz de gestionar la cartera que le ha caído en gracia, por los intereses de Pedro Sánchez.
La sanidad pública española vuelve a ser epicentro de la tensión social tras el anuncio de una nueva huelga general de médicos para el próximo 3 de octubre de 2025.
El detonante: el estancamiento total en la negociación del Estatuto Marco que debería regular las condiciones laborales del personal sanitario.
Tras tres años y hasta 37 reuniones, la propuesta del Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha sido rechazada en bloque por todos los sindicatos presentes en la mesa sectorial, que consideran inasumible aprobar el texto sin avances clave en cuestiones como las retribuciones salariales o la jubilación anticipada.
Un diálogo de sordos: posiciones enfrentadas
La ministra, que se define como “dialogante”, sostiene que el borrador presentado recoge «innumerables mejoras» y asegura que el texto está «consensuado en un 95%». Sin embargo, esa percepción dista mucho de la realidad sindical. Las organizaciones representativas, encabezadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), niegan cualquier acuerdo relevante y denuncian que los aspectos más sensibles para el colectivo han quedado fuera del documento final.
Los puntos de fricción más destacados son:
- Aumento de las retribuciones salariales: los sindicatos exigen una actualización realista y homogénea en todo el territorio nacional.
- Jubilación anticipada voluntaria: considerada esencial para rejuvenecer las plantillas y dar salida al relevo generacional.
- Reconocimiento de la singularidad médica: con un estatuto propio que recoja la especificidad y responsabilidad del trabajo facultativo.
- Cómputo íntegro de las horas de guardia: actualmente muchas no cotizan ni computan a efectos de pensión, un agravio histórico según los médicos.
- Eliminación de la exclusividad obligatoria para especialistas y cargos directivos en los primeros años de contrato.
Qué incluye (y qué no) el nuevo Estatuto Marco
El borrador presentado por Sanidad introduce algunas medidas que, sobre el papel, suponen avances respecto al estatuto vigente desde 2003:
- Reducción de las jornadas de guardia médica de 24 a 17 horas.
- Límite máximo de jornada fijado en 45 horas semanales (tres menos que antes).
- Reconocimiento legal del personal sanitario como figura de autoridad para combatir agresiones.
- Compromiso para erradicar la precariedad laboral.
Sin embargo, estas mejoras quedan ensombrecidas porque dependen en gran parte de su desarrollo posterior por parte de las comunidades autónomas, responsables últimas de su implementación y financiación. La ministra ha recordado que «las retribuciones no son competencia estatal» y que buena parte del impacto económico deberá ser asumido por las regiones, lo que genera gran incertidumbre entre los profesionales.
El clima enrarecido: protestas y amenazas de paro indefinido
En este contexto, la frustración entre los médicos ha escalado rápidamente. El fracaso rotundo en la última reunión —celebrada apenas unas horas antes del anuncio oficial— ha precipitado la convocatoria inmediata de una huelga general para octubre. Desde CESM y SMA advierten que si no hay avances tangibles antes del otoño, no descartan una huelga indefinida a nivel nacional.
Los portavoces sindicales consideran insuficiente el calendario propuesto por Sanidad —que prevé nuevas reuniones técnicas a partir del 2 de septiembre— y critican la falta real de voluntad política para resolver los asuntos estructurales pendientes. Insisten en que la situación no admite más dilaciones: “Si hay que parar, pararemos. Haremos huelga nacional indefinida o lo que sea necesario para sacarlo adelante”, ha sentenciado una representante médica tras conocer el desenlace negociador.
El papel de las comunidades autónomas y la arista política
El debate sobre el Estatuto Marco se produce además en un contexto marcado por fuertes discrepancias entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas. Algunas regiones —especialmente gobernadas por el Partido Popular— acusan al Ministerio de evitar un diagnóstico realista sobre la falta estructural de médicos, especialmente durante los meses estivales, y reclaman implicación directa tanto del Ministerio como del área económica estatal (Función Pública y Hacienda). La consejera madrileña, Fátima Matute, ha insistido en ampliar el alcance del estatuto a todas las profesiones sanitarias, mientras los médicos reclaman una mesa propia.
El propio texto legal tendrá que pasar por varias fases aún: tras lograr un consenso básico con comunidades autónomas y sindicatos (que ahora mismo parece lejano), deberá elevarse al Consejo de Ministros. Si no se consigue antes del final del otoño, según advierte la ministra García, existe un riesgo real de que vuelva a quedar “en un cajón” otros tantos años.
Una reforma bajo presión social y política
Para los sindicatos médicos, este pulso va mucho más allá del debate técnico: consideran que se está jugando el futuro mismo del sistema sanitario público. Subrayan que sin mejoras salariales reales ni reconocimiento profesional efectivo es imposible garantizar ni la calidad asistencial ni la sostenibilidad del modelo.
Desde el Ministerio se insiste en mantener abiertas todas las vías posibles para alcanzar un acuerdo. Pero lo cierto es que reina una sensación generalizada —tanto entre profesionales como entre gestores autonómicos— de agotamiento tras tres años infructuosos.
Claves para entender lo que está en juego
- La reforma afecta a más de 600.000 profesionales sanitarios públicos.
- El último Estatuto Marco data del año 2003; desde entonces las condiciones han cambiado radicalmente.
- La jubilación anticipada es considerada irrenunciable por los sindicatos debido al envejecimiento progresivo del colectivo médico.
- La reducción efectiva de guardias dependerá finalmente del compromiso financiero autonómico.
- Sin avances claros en septiembre, es previsible una escalada mayor del conflicto durante el otoño.
Mientras tanto, pacientes y usuarios asisten con preocupación a un nuevo capítulo de desencuentro entre gobierno central y profesionales sanitarios. La pregunta clave sigue sin respuesta clara: ¿será posible alcanzar antes del otoño un acuerdo realista sobre salarios, jubilación y reconocimiento profesional? Por ahora, lo único seguro es una cita marcada en rojo para comienzos de octubre: una nueva huelga nacional que volverá a poner contra las cuerdas al sistema sanitario español.
