Miente el socialista Emiliano García-Page y como un bellaco.
En Talavera de la Reina, el ritmo habitual de la vida se ha visto interrumpido por un aviso alarmante: más de 2.500 mujeres han quedado excluidas del programa de cribado de cáncer de mama durante cinco meses, después de que se suspendieran las mamografías en esta área sanitaria.
Este incidente, que trasciende un simple error administrativo, ha encendido todas las luces rojas sobre la gestión sanitaria y la transparencia del Gobierno regional encabezado por Page.
La controversia ha desencadenado un verdadero terremoto político.
Las voces críticas acusan al presidente socialista de “falta de claridad” y de haber “puesto en riesgo la vida de miles de mujeres” por no ofrecer alternativas ni explicaciones adecuadas tras el cierre inesperado del centro privado encargado de realizar las pruebas.
Además, señalan la hipocresía de los socialistas, que han cargado contra el Gobierno de Andalucía por un error similar pero que ha afectado a muchas menos mujeres mientras sabían de la situación en sus comunidades autónomas y callaron.
Mientras tanto, el Gobierno autonómico defiende que todos los resultados de las mamografías efectuadas hasta el momento del cierre han sido comunicados, intentando poner fin a la controversia con un comunicado oficial.
Una gestión bajo lupa y la batalla política
La crisis ha desatado una intensa batalla política. El PP ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias y reclama la destitución del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, junto con “medidas urgentes para fortalecer una sanidad que está bajo aviso”. Se ha comparado esta situación con lo ocurrido en Andalucía, donde el gobierno autonómico actuó rápidamente, implementó un plan urgente y asumió responsabilidades tras enfrentar una crisis similar.
En Castilla-La Mancha, sin embargo, la respuesta inicial del Gobierno fue negar cualquier problema, calificando las denuncias como “bulos” y atribuyéndolas a intereses políticos. Solo después de enfrentar presión mediática y política, la Junta emitió un comunicado afirmando que los informes sobre las mamografías efectivamente estaban notificados y que pronto se citaría a las mujeres pendientes. No obstante, muchos afectados continúan sintiéndose desprotegidos y han perdido confianza en la gestión pública.
No solo la suspensión del servicio ha suscitado polémica. El proceso mediante el cual se adjudicó el contrato para realizar las mamografías también está bajo sospecha. Se ha denunciado que la Junta otorgó el servicio a una empresa cuya oferta fue considerada “temeraria” por quienes integraban la mesa de contratación. Además, el cierre del centro ocurrió sin previo aviso a la administración regional, dejando miles de pruebas y resultados pendientes.
El Gobierno regional argumenta que el contrato vigente abarca hasta 2028 y que esta empresa llevaba 12 años realizando el cribado sin problemas previos hasta este incidente. Sin embargo, la falta de comunicación efectiva y escasa transparencia han alimentado tanto desconfianza como malestar social.
Diagnóstico retrasado, incertidumbre prolongada
El cáncer de mama es el tumor más común entre las mujeres en España. La relevancia del cribado precoz es innegable: detectarlo a tiempo incrementa las posibilidades de curación y reduce la mortalidad. Por ello, la interrupción del programa durante cinco meses en Talavera no puede considerarse un mero problema burocrático. Es, según los especialistas, “una carrera por la vida”, donde cada día cuenta.
Las repercusiones de este parón son difíciles de medir desde una perspectiva de salud pública. El Partido Popular ha exigido al Gobierno regional llevar a cabo una evaluación minuciosa del impacto sanitario ocasionado por este retraso, así como hacer públicas todas las comunicaciones dirigidas a las mujeres afectadas y presentar un informe completo sobre cómo se ha gestionado esta crisis. La inquietud aumenta, especialmente entre aquellas que se sometieron a la prueba antes del cierre y aún esperan sus resultados.
En medio del cruce constante de acusaciones políticas, los testimonios provenientes de mujeres afectadas y sus familias revelan preocupación e incertidumbre; en muchos casos también enfado. La percepción general es que la salud pública puede quedar expuesta a caprichos burocráticos o intereses políticos; esto socava seriamente la confianza en nuestro sistema sanitario.
Algunas voces piden “transparencia total” junto con una reanudación inmediata del programa de cribado e instan a depurar responsabilidades políticas correspondientes. Los expertos advierten que detectar precozmente salva vidas; así que cualquier retraso en este contexto puede tener consecuencias irreversibles.
