Andalucía, Cataluña y País Vasco se han descolgado de la primera central de compras impulsada por Sanidad. Son las grandes ausentes del acuerdo marco aprobado ayer en Consejo de Ministros.
La primera amenaza al multimillonario ajuste anunciado por el Gobierno.
El acuerdo autoriza la compra conjunta de 5,2 millones de dosis de la vacuna de la gripe estacional para la campaña 2012-2013, por un valor de 25 millones de euros y un ahorro estimado de 6,27 millones.
Se trata de un pacto que, en realidad, inauguró el Gobierno socialista el año pasado junto a ocho autonomías y al que, no obstante, esta vez se han sumado los gobiernos regionales del PP de Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, además de Navarra (UPN) y Canarias (CC), con un 40% más de ahorro.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, puso en valor este 13 de abril de 2012 en rueda de prensa tanto el acuerdo, por tratar de «ser más eficiente y austero a la hora de comprometer gastos corrientes», como el desacuerdo, al destacar -sin citarlas- la existencia de tres comunidades rebeldes.
No obstante, el Ministerio que dirige Ana Mato trató de minimizar ayer la trascendencia política de este desmarque autonómico, por haberse producido en el último Consejo Interterritorial del pasado 29 de febrero -que también aprobó una central de compras para las vacunas del calendario infantil-, previo al reciente anuncio del ajuste de 7.000 millones de euros en gasto sanitario que, entre otras medidas, el Gobierno basó en una futura política de centralización de compras.
Desde Sanidad se disculpaba la falta de acuerdo en que, en esa fecha, las tres comunidades ya habían negociado sus respectivas compras de vacunas.
Además, insistían en que la central de compras que la ministra llevará al próximo Consejo Interterritorial es mucho más ambiciosa y más beneficiosa que la de las vacunas, porque pretende ahorrar en el abastecimiento de equipos y productos de uso hospitalarios (dializadores…) mucho más costosos para las comunidades.
La actitud de Andalucía -ahora incursa en las negociaciones entre PSOE e IU para la formación de Gobierno- hace prever dificultades en el Consejo Interterritorial que se celebrará este miércoles, y que analizará la propuesta de recorte del Ejecutivo, además de las ya remitidas por las distintas comunidades autónomas, en el marco del pretendido pacto de Estado por la sanidad.
Pese a lo matizado por Sanidad, la Junta de Andalucía sacó pecho ayer por la decisión de mantener su propio plan de vacunas. La consejera de Salud en funciones, María Jesús Montero, defendió la continuidad de su central de compras de productos sanitarios.
Según declaró a Efe, una plataforma estatal favorecería posibles monopolios, y una provincial mermaría los beneficios de escala regional. Unos beneficios que se atrevió a calcular en unos 100 millones de euros en 2010.
En este escenario, la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo un llamamiento a los partidos y a las comunidades autónomas para «aportar» y «negociar» tanto el anunciado ahorro sanitario como los servicios básicos, en el marco de las conferencias sectoriales convocadas esta semana -citó también las dos de educación, el lunes y el jueves-, para alcanzar el consenso que permita «apuntalar el Estado de Bienestar».
