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Dado el elevado número de órganos de contratación existentes en nuestro país, y la ingente cantidad de información que de tal realidad se deriva, se antoja cada vez más necesario llevar a cabo la integración de procedimientos que permita un flujo cada vez más efectivo de información.
Este factor, unido al imparable auge de las nuevas tecnologías, y su implantación en todas las áreas de los procedimientos de contratación, ha traído como consecuencia la necesidad de interconexión de los dispositivos electrónicos de que disponen las Administraciones Públicas para vertebrar los procedimientos de contratación.
Así, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Administración General del Estado, que no son ajenas a esa realidad, han decidido suscribir el presente Convenio, con una finalidad doble:
- • Por un lado, utilizar la Plataforma de Contratación del Sector Público, dependiente de la AGE, como herramienta de información acerca de los procesos de contratación pública en el ámbito de Canarias.
- • Y por otro lado, para la coordinación en un único Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de toda la información relativa a empresarios y demás operadores económicos que se relacionen con la Administración.
Interconexión y facilidad de uso, objetivos prioritarios del convenio.
Ambas Administraciones Públicas, en el marco de colaboración necesario entre ellas, y en atención a los principios de eficacia y eficiencia que inspiran sus actuaciones, entienden como necesaria la interconexión por medio de dispositivos electrónicos de agregación de la información contenida en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Este esfuerzo en coordinarse obedece sin duda a la necesidad de unificar terminología, documentación y criterios a seguir, con el fin de facilitar la búsqueda y el flujo de información entre los licitadores y entre los distintos órganos que conforman la Administración.
De este modo, la Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a llevar a cabo las medidas organizativas necesarias para asegurar la interoperabilidad de la información contenida en el Registro de Licitadores, así como a comunicar a la Plataforma estatal toda la información relativa a las publicaciones de nuevos expedientes de contratación y las posteriores adjudicaciones.
Por su parte, la Administración General del Estado se compromete a asegurar la integridad de la información suministrada, así como a hacerse cargo de los costes en que pudiera incurrir la puesta en marcha de este proyecto.
Adicionalmente, y a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las previsiones del Convenio, se prevé la creación de un Comité Técnico, encargado de impulsar y coordinar la ejecución de las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de las medidas contempladas en este Convenio
Conclusiones.
Con el objetivo de lograr un Sector Público cada vez más interconectado entre sí, y que sirva del modo más eficiente posible a los intereses de los particulares, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias han optado por suscribir este Convenio, buscando articular la interconexión y el flujo de información contenida en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como unificar la información relativa a empresas y operadores económicos contratantes con el Sector Público en un único Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
Por medio del mismo se pretende asegurar la unificación de criterios y principios relativos a la información sobre procedimientos de contratación pública y operadores económicos implicados, así como la integridad de la misma, lo que sin duda alguna redundará en beneficio de los particulares y empresas interesados en recabar información sobre el estado de los distintos procedimientos de contratación pública.
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NOTA.- Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.
