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En un escenario cada vez más dinámico y complejo, marcado por el endurecimiento de la situación económico-financiera y las consecuentes modificaciones normativas establecidas en la búsqueda de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, se antoja cada vez más necesario modernizar las distintas entidades del Sector Público, adecuando y adaptando su estructura orgánica y funcionamiento a las nuevas demandas sociales y legislativas. Y la Intervención General, desde luego, no se encuentra ajena a dicha realidad.
Es por ello que es cada vez más necesario acometer una revisión de sus competencias, introducir cambios en su forma de actuación y reforzar la coordinación entre las distintas modalidades de control interno, haciendo posible un uso cada vez más eficiente de los recursos disponibles, fomentando la fluidez de información, y reforzando el seguimiento de las medidas propuestas que incidan positivamente en los distintos ámbitos de control y gestión de la Intervención General.
Racionalización y buena gestión financiera en la actividad del sector público canario.
Dentro de la actividad de análisis y revisión de su ámbito competencial, con este Decreto se ha tratado de discernir las distintas competencias de la Intervención, tanto propias como impropias, haciendo una revisión de las mismas desde un prisma de racionalización y búsqueda de la máxima eficiencia.
Así, respecto de la estructura organizativa y ámbito funcional, se plantean varios cambios como la eliminación de unidades administrativas obsoletas como puede ser el Servicio de Control de Gestión y Evaluación de políticas sectoriales o la reasignación y concentración de los controles sobre fondos comunitarios.
Se establece también una nueva composición en el área de control de ingresos, eliminando las Intervenciones Insulares y creando el Servicio de Análisis y Control de los Sistemas de Información Contable y Gestión de Ingresos.
Respecto del área de contabilidad, se crean dos nuevas unidades administrativas: por un lado, el Servicio de Planificación y Dirección de la Contabilidad, y por otro, el Servicio de Gestión Contable. Además de lo anterior, se modifica el funcionamiento de la Junta de Intervención en régimen de comisiones informativas, y se introducen modificaciones en su ámbito de actividad tendentes a agilizar y clarificar los procedimientos y el desarrollo de su actividad, reforzando el seguimiento de la aplicación de las mejoras propuestas y la subsanación de incidencias detectadas.
Conclusiones.
Dentro de la nueva dinámica de modernización y racionalización en la actividad de las Administraciones Públicas, la Intervención General se antoja como uno de los órganos más importantes, llamados a encabezar y dirigir ese proyecto de cambio que pretende influir a todos los niveles en el Sector Público, y cuyo éxito redundará en un beneficio general para el común de los particulares, verdaderos beneficiarios del buen funcionamiento de la Administración.
No cabe duda de que este Decreto sigue la línea marcada por las distintas novedades legislativas a nivel nacional y comunitario, situando a la Intervención General canaria a la vanguardia, y siempre buscando la mejora en los índices de aplicación de los principios de buena gestión financiera en la actividad del Sector Público autonómico.
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NOTA .- Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.
