El asunto está oscuro. El coronavirus está otra vez al alza en España, tras alcanzar este 18 de diciembre de 2020 los 214 casos por cada 100.000 habitantes.
Con ese telón de fondo, todas las comunidades autónomas intensifican este fin de semana los preparativos para la administración de la esperada vacuna de Pfizer contra la Covid-19, que comenzará supuestamente el próximo domingo 27 de diciembre, según anuncia el cada día menos fiable Ministerio de Sanidad.
Y ya empiezan las dudas y saltan nuevas preguntas.
La vacunación es “el principio del fin” de la pandemia, así lo ha defendido el Gobierno en numerosas ocasiones. Ese principio ya tiene fecha, pero mucho menos claro está cuando culminará el camino que se comenzará a recorrer el próximo domingo. Un plazo que dependerá, en buena medida, de que la participación voluntaria en la campaña de vacunación sea masiva.
El Gobierno PSOE-Podemos está tratando de generar confianza en la población sobre la seguridad de la vacuna a falta de poder vender el incentivo del pasaporte inmunitario que muchos dieron por hecho.
Los que opten por vacunarse tendrán que seguir cumpliendo las mismas restricciones que el resto ante el desconocimiento que aún se tiene sobre si la vacuna evita también la transmisión del coronavirus a otras personas.
“La capacidad de inhibir la transmisión por parte de una vacuna significa que, a nivel de nasofaringe, erradique la colonización del virus, pero no todas las vacunas hacen eso”, explica un portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph).
“Si no elimina la colonización, el paciente está protegido, pero puede seguir transmitiendo la enfermedad”.
Ninguna de las tres vacunas que llegarán primero a España -Pfizer y BioNTech, Moderna y AstraZeneca- han testado en sus ensayos clínicos esta particularidad, esencialmente por el escaso margen de tiempo con el que han contado, y es un aspecto que deberán empezar a estudiar a partir de ahora.
Ante esta falta de información, el Gobierno ha optado por una estrategia conservadora, dando prioridad a aquellos grupos con un mayor riesgo de muerte por la enfermedad y con la perspectiva de mantener la obligación individual de cumplir con las restricciones actuales para toda la población.
Dos años más con mascarilla
“Todavía nos faltan un par de años para poder ir con tranquilidad y sin mascarilla”, prevé la doctora Ruth Figueroa, presidenta del Grupo de Estudio de Vacunas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).
“La vacunación no nos excusa de quitarnos la mascarilla, ni de mantener la distancia social ni la higiene de manos”.
En qué punto se podrán levantar definitivamente la obligatoriedad de estas medidas de seguridad es aún una incógnita, pero todos los expertos apuntan a un mismo concepto: la inmunidad de grupo.
Se ha hablado generalmente de una orquilla de entre un 60% y un 70% de población inmunizada para lograr que el virus sea incapaz de encontrar otras personas vulnerables para poder seguir con la cadena de transmisión.
Sin embargo, el tiempo que se tarde en alcanzar ese porcentaje variará, precisamente, si las vacunas no solo garantizan la inmunidad de los que la hayan recibido, sino que también impidan su transmisión.
“Ahí empezaría a cambiar la situación, porque ya no solamente estaría protegiéndome, sino impidiendo que el virus circule”.
“En ese caso, con porcentajes más bajos de vacunación se empezaría a complicar la transmisión del virus y se podrían plantear otras estrategias epidemiológicas”.
